El expresidente Donald Trump anunció este sábado 12 de julio que está “dando seria consideración” a revocar la ciudadanía estadounidense de la actriz y comediante Rosie O’Donnell, acusándola de no actuar en “el mejor interés” del país. La reacción provocó una avalancha de condenas entre expertos legales y defensores de la Primera Enmienda.
Declaraciones y contexto
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó: “Porque Rosie O’Donnell no está en el mejor interés de nuestro gran país, estoy considerando muy seriamente quitarle su ciudadanía. Debería permanecer en Irlanda, si ellos la aceptan.” O’Donnell se trasladó a Irlanda en enero, junto a su hijo, y ha iniciado los trámites para obtener la ciudadanía irlandesa .
Legalidad y antecedentes
- O’Donnell nació en Nueva York en marzo de 1962, lo que le garantiza la ciudadanía de nacimiento bajo la 14ª Enmienda .
- La jurisprudencia firme del Tribunal Supremo desde 1967 prohíbe que el gobierno retire la ciudadanía de un nacido en EE.UU. sin su consentimiento voluntario
- La profesora de Derecho Amanda Frost, de la Universidad de Virginia, recalcó: “El presidente no tiene autoridad para revocar la ciudadanía de un ciudadano nacido en Estados Unidos.”
Reacción de O’Donnell
Rosie respondió en redes sociales, exponiendo su enemistad con Trump: “Agrégame a la lista de quienes se oponen a él a cada paso.” Y añadió: “Es un hombre peligroso, sin alma y con demencia, que carece de empatía, compasión y humanidad básica.”
Implicaciones políticas
Este episodio sucede dentro del marco de la cruzada de Trump contra la ciudadanía por nacimiento, iniciada con una orden ejecutiva del 20 de enero que apuntaba a limitarla, ahora suspendida por una corte federal . Además, ha intentado denegar la ciudadanía a figuras como Elon Musk—aunque nacido en Sudáfrica—y alude a figuras públicas contrarias a su ideología .
El anuncio de Trump es un acto de amenaza política, pero carece de base legal para ciudadanos de nacimiento. Sin embargo, representa una escalada preocupante en su intento de redefinir la ciudadanía estadounidense como un privilegio negociable. En el debate público se reavivan visiones antagónicas: quienes defienden la Constitución frente a quienes promueven criterios ideológicos para despojar derechos fundamentales.