El gobierno de Alberta ha invocado por primera vez la Ley de Soberanía dentro de un Canadá Unido, conocida como la Ley de Soberanía, para crear una corporación estatal que actúe como generador eléctrico de última instancia. El objetivo es asegurar el abastecimiento de electricidad ante posibles apagones provocados por la transición a las energías renovables.
La Ley de Soberanía, aprobada en diciembre de 2022, permite al gobierno de Alberta rechazar la aplicación de leyes o políticas federales que considere perjudiciales para los intereses o la prosperidad económica de la provincia, en áreas como los recursos naturales, el control de armas, la salud pública, la educación o la agricultura. La ley también otorga al gabinete de la primera ministra Danielle Smith el poder de modificar las leyes provinciales sin pasar por la asamblea legislativa.
Smith anunció el lunes que su gobierno utilizará la Ley de Soberanía para crear la Alberta Power Corporation (APC), una entidad pública que tendrá la capacidad de generar hasta 2.000 megavatios de electricidad mediante gas natural, carbón o energía nuclear. La APC se encargará de cubrir la demanda de electricidad en caso de que falle el sistema interconectado o que las fuentes renovables no sean suficientes.
Smith dijo que la medida es necesaria para proteger a los albertanos de los efectos negativos de la Ley de Transición Energética del gobierno federal, que establece un objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Según Smith, esta ley amenaza la seguridad energética y la competitividad económica de Alberta, que depende en gran medida de la industria de los hidrocarburos.
La oposición del Nuevo Partido Democrático (NDP) criticó la decisión del gobierno de Smith, calificándola de “irresponsable”, “inconstitucional” y “contraproducente”. El líder del NDP, Rachel Notley, dijo que la Ley de Soberanía es una “farsa” que solo busca crear un conflicto con el gobierno federal y distraer la atención de los problemas reales de la provincia, como la pandemia, el desempleo y la pobreza. Notley también cuestionó la viabilidad de la APC, señalando que podría generar un aumento de las tarifas eléctricas y un mayor impacto ambiental.