THE LATIN VOX (10 de Diciembre de 2025).- Por Daniela Medina.
Esta noche del 9 de diciembre de 2025, el gobierno de la provincia de Alberta liderado por la primera ministra Danielle Smithavanza para aprobar un nuevo proyecto de ley que invoca por cuarta vez en esta sesión legislativa la controvertida «notwithstanding clause» (cláusula de anulación) de la Canadian Charter of Rights and Freedoms, con el fin de blindar de impugnaciones judiciales tres leyes que afectan a personas transgénero.
Según informan fuentes parlamentarias, la ley identificada como Protecting Alberta’s Children Statutes Amendment Act, 2025 (Proyecto de Ley 9) fue sometida esta noche a su tercera y definitiva lectura, con un debate deliberadamente acotado por el bloque gubernamental.
¿Qué busca proteger la nueva ley?
El proyecto de ley apunta a consolidar mediante la cláusula de anulación constitucional tres normativas adoptadas previamente (en 2024) que regulan con dureza cuestiones de identidad de género, educación, salud y deporte en menores de edad.
Las disposiciones que quedarán blindadas incluyen:
- La prohibición de tratamientos de afirmación de género en jóvenes menores de 16 años (bloqueo de hormona, bloqueadores de pubertad, etc.).
- La obligación de que las escuelas obtengan consentimiento de los padres antes de permitir que un estudiante menor use un nombre o pronombres distintos a los asignados al nacer.
- La exclusión de personas trans de las categorías femeninas en ligas deportivas amateur.
Al invocar la cláusula, Alberta busca evitar que tribunales reviertan estas leyes por vulnerar derechos consagrados en la Carta en particular los relacionados con igualdad, libertad de expresión, seguridad personal y protección contra discriminación.
Una escalada legislativa: cuarta vez en meses
La adopción de este nuevo proyecto de ley marca la cuarta ocasión en 2025 en que el gobierno de Alberta recurre a la cláusula de anulación. Las ocasiones anteriores incluyen:
- La ley que puso fin a la huelga de maestros y los obligó a volver al trabajo (Back to School Act).
- Dos rondas previas sobre las mismas leyes para jóvenes trans, en noviembre pasado.
Para muchos críticos, el uso reiterado de esta cláusula concebida como excepción constitucional extraordinaria— representa una «normalización de lo excepcional».
Voces críticas: derechos en riesgo y alarma ciudadana
Organizaciones de derechos humanos, grupos de defensa LGBTQ+ y sindicatos han denunciado con dureza la maniobra. Entre sus argumentos:
- Que la cláusula actúa como un mecanismo para evitar la tutela judicial de derechos fundamentales.
- Que legislar contra derechos de minorías vulnerables de esta manera socava la igualdad y la libertad individual, y crea precedentes peligrosos para otros ámbitos.
- Que el debate parlamentario ha sido insuficiente cada etapa limitada a una hora, lo que reduce la deliberación democrática y la transparencia.
Para la Alberta Teachers’ Association y la Canadian Medical Association, la medida pone en riesgo derechos laborales, de salud y de conciencia, al imponer normas sin posibilidad de revisión judicial.
Incluso expertos en derecho constitucional advierten que este uso repetido de la cláusula podría debilitar el sistema de garantías que protege las libertades individuales en Canadá.
La justificación oficial: “proteger a los menores”
En su defensa, la primera ministra Smith y el ministro de Justicia Mickey Amery arguyen que la ley busca proteger lo que su gobierno considera derechos y bienestar de los niños y jóvenes: la protección de su desarrollo, su salud futura y su capacidad de decisión madura.
Según Smith, el uso de la “notwithstanding clause” se reserva para casos de “altas apuestas”, donde esperar a un fallo judicial podría tardar años podría tener consecuencias irreversibles.
Un quiebre político y social: implicaciones más allá de Alberta
El giro legislativo en Alberta tiene relevancia nacional por varias razones:
- Representa un desafío directo a la arquitectura de derechos humanos consagrada en la Carta canadiense.
- Abre la puerta a que otras provincias emulen la estrategia, lo que pondría en tensión la protección constitucional de derechos fundamentales en todo el país.
- Agudiza las divisiones sociales: entre quienes defienden una visión tradicional de familia, género y menores y ven la ley como protección, y quienes defienden los derechos de personas transgénero y los derechos individuales.
- Desencadena presión internacional: organizaciones de derechos humanos, comunidades LGBTQ+ y observadores globales vigilan con atención, lo que podría afectar la imagen democrática de Canadá.
¿democracia en riesgo?
La aprobación inminente de la ley que invoca la “notwithstanding clause” por cuarta vez en un año representa un punto de inflexión: más allá de la polémica legislativa, marca una nueva etapa en la relación entre poder político, derechos individuales y justicia constitucional en Canadá.
Para muchos, lo que está en juego no es solo una ley sobre identidad de género o salud pública —es la integridad del sistema de libertades garantizado por la Carta. Si la cláusula deja de ser una excepción para convertirse en herramienta frecuente, el delicado equilibrio entre democracia, derechos y justicia podría quedar seriamente comprometido.
El mundo observa. Y para las personas cuyas vidas dependen de estas leyes, las próximas semanas definirán más que políticas: definirán su dignidad, su seguridad y su futuro.
Fuente:edmonton.citynews.ca
Foto: Google fotos