
THE LATIN VOX (10 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Una nueva política educativa en Alberta ha encendido un encendido debate nacional sobre la censura, la educación sexual y los derechos de los estudiantes. El gobierno provincial ha anunciado que, a partir del 1 de octubre, cualquier libro con contenido sexual explícito será retirado de las bibliotecas escolares de la provincia.
El ministro de Educación, Demetrios Nicolaides, insistió en que esta medida no equivale a prohibir libros, sino a establecer reglas claras sobre qué materiales son apropiados para los estudiantes según su edad.
«Esto nunca se trató de borrar narrativas de las bibliotecas escolares,» dijo Nicolaides en una conferencia de prensa en Calgary. «Se trata de proteger a los jóvenes de contenidos inapropiados, como descripciones detalladas de sexo oral, abuso infantil o masturbación.»
Una línea divisoria sobre lo “explícito”
La nueva normativa distingue tres niveles de contenido:
- Contenido sexual explícito (descripciones detalladas de actos sexuales, penetración, masturbación, eyaculación): prohibido para todos los estudiantes.
- Contenido sexual no explícito (actos sexuales insinuados o vagamente descritos): solo permitido para alumnos de 10º grado en adelante.
- Contenido no sexual (pubertad, menstruación, embarazo, lactancia, afecto físico como abrazos o besos): permitido para todas las edades.
Además, se permitirá la presencia de textos religiosos como la Biblia, y cada junta escolar deberá revisar su colección de libros, sin recibir fondos adicionales para hacerlo. Para el 1 de enero de 2026, todas las escuelas deberán tener políticas claras sobre cómo seleccionan y revisan libros, y deberán publicar listas completas de sus materiales disponibles.
¿Seguridad o censura disfrazada?
El anuncio llega tras una polémica surgida en mayo, cuando el gobierno encontró cuatro novelas gráficas en bibliotecas escolares de Edmonton y Calgary que, según Nicolaides, contenían escenas gráficas de sexo, abuso sexual y consumo de drogas.
Sin embargo, críticos afirman que muchos de los libros apuntados por la medida abordan experiencias de jóvenes 2SLGBTQ+, y que esta política es parte de una guerra cultural conservadora bajo la apariencia de protección infantil.
Jason Schilling, presidente de la Asociación de Maestros de Alberta, condenó la decisión:
«Esta orden ministerial no hace más que añadir carga de trabajo a los docentes, politizar un tema inexistente y estigmatizar a estudiantes vulnerables,» dijo. «Va a resultar en la eliminación de recursos valiosos e inclusivos, y desalentará a los educadores de buscar material que realmente conecte con sus alumnos.»
Una medida impopular
Una encuesta pública lanzada por el propio gobierno antes del anuncio mostró que la mayoría de los encuestados no apoyan que la provincia imponga estándares sobre qué libros pueden estar en las bibliotecas escolares. Aun así, el gobierno avanzó con la medida.
Nicole Buchanan, presidenta de la junta escolar de Red Deer, defendió la política con una analogía que no pasó desapercibida:
«Hay estudiantes con edad legal para consumir alcohol o tabaco, pero eso no significa que pongamos esas cosas en las máquinas expendedoras de las escuelas.»
Educación sexual en la cuerda floja
La controversia ha reabierto el debate sobre la educación sexual en Canadá. Para muchos padres, la decisión representa un retroceso. Para otros, una victoria moral. El desafío radica en definir los límites entre el contenido que informa y el que se considera inapropiado.
Activistas por los derechos estudiantiles argumentan que negar el acceso a narrativas queer, experiencias de trauma o desarrollo sexual realista no protege, sino que aísla. Y con las escuelas ya enfrentando falta de personal especializado y recursos limitados, muchos temen que esta nueva carga burocrática no haga más que empobrecer el acceso a una literatura diversa.
¿Qué sigue?
Las juntas escolares de Alberta tienen menos de tres meses para revisar todas las bibliotecas sin apoyo económico adicional. La comunidad educativa espera ahora una oleada de discusiones, apelaciones y —posiblemente— impugnaciones legales
La decisión del gobierno de Alberta marca un nuevo punto de inflexión en el debate entre protección infantil y libertad de expresión en las aulas. ¿Estamos viendo una medida razonable para proteger a los jóvenes o un paso más en la creciente politización de la educación?
Crédito fotográfico: The Canadian Press