El gobierno de Alberta ha rechazado las enmiendas propuestas por la oposición al proyecto de ley que le permitiría salir del Plan de Pensiones de Canadá (CPP) y crear su propio plan provincial. El proyecto de ley, presentado por la primera ministra Danielle Smith, ha generado una fuerte controversia y ha sido criticado por expertos, sindicatos y grupos de jubilados.
El proyecto de ley se basa en un informe encargado por el gobierno que afirma que Alberta tiene derecho a reclamar 334 mil millones de dólares, más de la mitad del fondo del CPP, si decide separarse. El informe también sostiene que un plan de pensiones de Alberta ofrecería mejores beneficios y primas más bajas que el CPP, y que sería más sostenible y rentable a largo plazo.
Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por varios analistas, que señalan que el informe contiene supuestos poco realistas, errores metodológicos y omisiones importantes. Por ejemplo, el informe no tiene en cuenta los costes de transición, los riesgos demográficos, los efectos sobre la movilidad laboral y la inversión, y la posible oposición del gobierno federal y de otras provincias.
Además, el proyecto de ley no prevé una consulta pública ni un referéndum vinculante sobre la salida del CPP, lo que ha sido reclamado por la oposición y por diversos sectores de la sociedad civil. El líder del Partido Liberal de Alberta, David Khan, presentó una enmienda para exigir un referéndum, pero fue rechazada por el gobierno. Otras enmiendas propuestas por el Nuevo Partido Democrático de Alberta y el Partido Verde de Alberta también fueron desestimadas.
Smith defendió su proyecto de ley y dijo que era una oportunidad histórica para que Alberta tomara el control de su futuro financiero y se liberara de la dependencia de Ottawa. También acusó a la oposición de estar alineada con los intereses del gobierno federal y de no defender los intereses de los albertanos.
El proyecto de ley se espera que sea aprobado por la mayoría del Partido Conservador Unido de Alberta, que tiene 63 de los 87 escaños en la legislatura provincial. Sin embargo, su implementación dependerá de las negociaciones con el gobierno federal y de los posibles desafíos legales que puedan surgir.