El gobierno de Alberta y el gobierno federal están en desacuerdo sobre las condiciones asociadas a algunos nuevos programas federales de vivienda. Mientras el primer ministro Justin Trudeau y la viceprimera ministra Chrystia Freeland recorren el país para anunciar medidas en el presupuesto federal del 16 de abril destinadas a aumentar la vivienda asequible, los ministros del gabinete de Alberta se oponen a algunas de las condiciones para asegurar ese financiamiento.
El ministro de Servicios Sociales para Personas Mayores, Comunidad y Servicios Sociales de Alberta, Jason Nixon, acusa a Ottawa de seleccionar inversiones en ubicaciones donde los liberales federales podrían retener o ganar escaños, en lugar de distribuirlo de manera equitativa en todo Canadá. Nixon reiteró la intención del gobierno provincial de presentar una legislación para evitar que el gobierno federal firme acuerdos con municipios sin la participación de la provincia, una ley similar a la existente en Quebec.
Uno de los fondos destinados a abordar la crisis de vivienda asequible en todo el país es el Fondo de Infraestructura de Vivienda de Canadá, con una asignación de 6 mil millones de dólares. Los municipios podrían utilizar este dinero para construir o mejorar infraestructuras de agua, aguas residuales, drenaje pluvial y recolección de residuos en vecindarios nuevos o reurbanizados. Para que las provincias accedan a 5 mil millones de dólares de ese fondo para los municipios, deben cumplir con cinco criterios, que incluyen la adopción de cambios próximos al código nacional de construcción para crear opciones de vivienda “accesibles, asequibles y respetuosas con el clima” y la promoción de la construcción de viviendas multifamiliares, como cuadruplexes, en terrenos zonificados residenciales. Además, se les exige congelar los cargos de desarrollo durante tres años en las ciudades más grandes. Las provincias y territorios deben llegar a acuerdos de financiamiento con Ottawa antes del 1 de enero de 2025 para acceder a los fondos. El gobierno federal también alienta a las provincias y territorios a firmar acuerdos de igualación similares al programa B.C. Builds, que involucra a ambos niveles de gobierno en proyectos de construcción de viviendas de alquiler.
En resumen, Alberta está resistiendo las condiciones impuestas por el gobierno federal para acceder a fondos destinados a la vivienda y la infraestructura, y esta disputa refleja tensiones sobre la jurisdicción y la política en torno a temas cruciales como la vivienda en Canadá.