Organizaciones ambientalistas y movimientos sociales de Panamá presentaron ante la Embajada de Canadá, un informe sobre la violación de los derechos humanos durante las protestas contra proyectos mineros en octubre y noviembre de 2023.
Foto Mining watch canada
En un comunicado de prensa se notificó que también le plantearon seis peticiones a Canadá, entre las que sobresale su exhorto a que se “pronuncie públicamente a favor del derecho humano a la protesta y no apoye la criminalización de los defensores ambientales”.
El reporte contabiliza cuatro muertes, cientos de heridos y más de 1.500 detenciones arbitrarias, además de medidas punitivas y represalias contra diversos grupos que se adhirieron a la huelga nacional durante las manifestaciones del año pasado.
¿Qué pasó?
En ese sentido, pidieron a la representación canadiense activar el programa correspondiente para proteger a los defensores ambientales y retirar el apoyo económico, político y comercial a la empresa Minera Panamá “por los graves daños cometidos contra la naturaleza”.
El 20 de octubre de 2023, el Gobierno que en ese momento presidía Laurentino Cortizo firmó la Ley 406, que renovó por 20 años el contrato entre el Estado y Minera Panamá en una mina de cobre a cielo abierto, ubicada en una zona de bosques tropicales.
A finales de noviembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406, lo que generó una reacción de júbilo entre la ciudadanía en medio de un período de movilizaciones constantes en Panamá, calificadas de estallido social.
En ese sentido, ahora estas agrupaciones piden a la Embajada canadiense que “apoye al Gobierno de Panamá en el cumplimiento del fallo” de la CSJ. Y, de la misma forma, que “priorice los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses de una empresa”.
Fuente: RT