THE LATIN VOX (22 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que alguna vez vieron a Estados Unidos como un refugio de esperanza se despertaron el pasado martes con la dura realidad de un cambio drástico en la política migratoria.
Tras asumir la presidencia, Donald Trump lanzó una serie de medidas que cierran las puertas a aquellos que desean construir una vida en el país, mientras que al mismo tiempo siembran un clima de temor y desconfianza entre los que ya viven en el territorio estadounidense.
Desde el mismo momento en que Trump fue investido como el 47º presidente de EE. UU., la administración federal desactivó el sistema de citas en la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes y solicitantes de asilo programar una cita con las autoridades estadounidenses para ingresar de manera legal al país.
De un día para otro, aproximadamente 270,000 personas que intentaban solicitar asilo se vieron sin esa vía de acceso, mientras que unas 30,000 citas ya programadas fueron canceladas. Muchos de estos migrantes, que habían esperado meses en condiciones precarias en México, fueron rechazados en la frontera, lo que desbordó la paciencia y la desesperación de aquellos que solo buscaban un futuro más seguro.
El golpe no se detuvo ahí. El lunes por la noche, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre las que destacaba una declaración de emergencia nacional para la frontera sur, que no solo buscaba la militarización de la zona, sino que también presentaba a los inmigrantes como amenazas a la seguridad nacional y al bienestar público.
Trump ordenó el uso de recursos militares para «sellar» la frontera, implementando medidas extremadamente agresivas, como el repeler la migración masiva ilegal y el empleo de la fuerza si fuera necesario. Los soldados serían enviados para ayudar a las autoridades de seguridad nacional a lograr un «control operativo total» de la frontera, un concepto que difícilmente se podría alcanzar bajo la legislación nacional.
Pero la política de Trump no solo se limita a la frontera sur. En su visión, los llamados «jurisdicciones santuario» que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, perderían el acceso a fondos federales, en un intento por presionar a las comunidades locales que apoyan a los inmigrantes.
Por otro lado, aquellos cuerpos de policía locales que colaboren en la implementación de la política de deportaciones masivas recibirán incentivos para intensificar los esfuerzos de expulsión, lo que podría tener un efecto paralizante en la disposición de los inmigrantes a denunciar crímenes y participar en la vida comunitaria.
El proceso judicial migratorio, que puede durar años, se ha vuelto aún más incierto. Trump ha ordenado que los inmigrantes sean detenidos durante todo el proceso de sus casos, una medida que amenaza con colapsar aún más el sistema de detención actual, que ya cuenta con 41,000 plazas. Para aquellos inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves, la administración ha dispuesto la pena de muerte en casos excepcionales.
Además de las restricciones a la migración no autorizada, Trump ha suspendido el Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU., que en 2024 había comenzado a recuperarse después de las devastadoras restricciones de su primer mandato.
A medida que más de 120 millones de personas se encuentran desplazadas en todo el mundo, el cierre de este programa y la interrupción del sistema de reasentamiento no solo retrasan las esperanzas de aquellos que han sobrevivido a persecuciones, sino que también destruyen la infraestructura de apoyo que ayuda a las agencias de reasentamiento a gestionar la llegada de refugiados a EE. UU.
Las políticas anunciadas por Trump no solo tienen consecuencias prácticas devastadoras, sino que también profundizan el discurso de odio y xenofobia en el país. La teoría de la «gran sustitución», que sostiene que los inmigrantes no blancos están «invadiendo» naciones predominantemente blancas, ha sido adoptada por el discurso de figuras políticas como Trump, y ahora se utiliza abiertamente para justificar la represión migratoria.
La retórica de la «invasión» se ha convertido en una justificación peligrosa para la implementación de medidas severas que afectan a inmigrantes legales e indocumentados por igual.
Al final de su primer día en la Casa Blanca, Trump dejó claro que su agenda migratoria se basa en una sola premisa: mantener a los inmigrantes fuera y, si ya están dentro, hacerles pagar un precio. Los efectos inmediatos de estas políticas son devastadores, no solo para los millones de personas que buscan un futuro mejor, sino también para los propios principios fundacionales de una nación que históricamente se ha definido por su capacidad de acoger y proteger a los que huyen de la persecución y la pobreza.
El resurgimiento de la hostilidad hacia los inmigrantes no es solo un cambio de política, sino una ruptura fundamental con los valores que alguna vez hicieron grande a Estados Unidos. Si bien Trump puede haber consolidado su apoyo en sectores de la política estadounidense, el daño a largo plazo que estas políticas infligen en la imagen del país y en su tejido social es incalculable.
Crédito fotográfico: AP Photo/Gregory Bull