THE LATIN VOX (14 de noviembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Durante casi una década, Canadá ha sido uno de los países más golpeados por la crisis de opioides. Más de 53000 personas han muerto desde 2016, con un promedio nacional de 18 fallecimientos diarios. En este contexto, nuevos documentos internos revelan una fractura profunda entre la evidencia científica y las decisiones políticas del gobierno federal.
Health Canada recibió en 2023 recomendaciones claras de su propio comité de expertos: ampliar el acceso a un suministro seguro de drogas —no solo opioides farmacéuticos, sino opciones más potentes y de diversas categorías— e incluso desarrollar modelos regulados por fuera del sistema médico tradicional, como clubes de compasión supervisados por el Estado.
La respuesta de Ottawa fue la contraria: recortes, inacción y finalmente la eliminación del financiamiento federal.
Un giro político que contradice la evidencia
El gobierno canadiense comenzó tímidamente a financiar programas de “safe supply” en 2019, principalmente mediante la prescripción de hidromorfona. Pero la potencia de estos comprimidos resultaba insuficiente para competir con un mercado ilícito dominado por el fentanilo.
Los expertos advertían del riesgo. Los usuarios también. Las cifras de sobredosis lo confirmaban.
Aun así, según muestran los informes obtenidos por The Fifth Estate de CBC News, Health Canada no implementó las recomendaciones técnicas que pedían ampliar el espectro de drogas reguladas, incorporar estimulantes y permitir modelos no médicos de distribución.
La política pública se orientó, en cambio, hacia un repliegue institucional: los 31 programas piloto terminaron en marzo; el Ministerio de Salud Mental y Adicciones desapareció; y las nuevas inversiones federales en la materia excluyen explícitamente el suministro seguro.
Este giro plantea interrogantes sobre prioridades gubernamentales, sobre todo considerando que la actual fase de la pandemia dejó al descubierto la toxicidad del mercado callejero y la insuficiencia del abordaje tradicional.
El caso DULF: cuando la justicia penal choca con la salud pública
El rechazo del Gobierno a permitir alternativas no médicas se ilustró de forma contundente con el caso del Drug User Liberation Front (DULF). Su modelo de club de compasión —adquirir drogas, analizarlas en laboratorios universitarios y venderlas con dosificación clara— recibió el apoyo de instituciones sanitarias locales, pero fue penalmente perseguido por Ottawa.
La negativa federal a otorgar una exención legal, seguida de la detención y posterior condena de sus dos fundadores, ha convertido este caso en un símbolo de la tensión estructural entre salud pública y control penal de drogas.
A pesar de que no se registraron muertes entre los miembros del club y que estudios revisados por pares respaldaban su eficacia, el Gobierno federal optó por priorizar la ortodoxia prohibicionista. DULF ha respondido con una impugnación constitucional que podría escalar hasta la Corte Suprema y poner en el centro del debate el alcance de los derechos de las personas que consumen drogas durante una emergencia sanitaria.
Falta de liderazgo federal y un mosaico de políticas provinciales
La retirada de Ottawa ha dejado a Canadá sin una política nacional coherente frente a la sobredosis tóxica. Las provincias aplican estrategias dispares: Columbia Británica ha sido pionera en medidas de reducción de daños, mientras otras jurisdicciones muestran resistencia ideológica a cualquier modelo que implique acceso regulado a drogas.
Sin coordinación federal, los avances potenciales —desde clubes regulados hasta la ampliación de opciones farmacológicas— quedan subordinados a los ciclos políticos provinciales y a gobiernos con prioridades cambiantes.
Además, la desaparición del Ministerio de Salud Mental y Adicciones envía, según expertos, una señal inequívoca de despriorización del tema en el discurso nacional.
La política como determinante de la mortalidad
La historia de TJ Felix, un artista two-spirit que pasó de la estabilidad a la sobredosis diaria tras el cierre del club de compasión donde obtenía drogas testadas, ilustra el impacto directo de estas decisiones políticas.
Pero el caso de Félix no es una excepción: es un síntoma.
Y es aquí donde la dimensión política se vuelve ineludible. Los gobiernos, al definir qué modelos permitir y cuáles criminalizar, están decidiendo indirectamente quién tiene acceso a drogas reguladas y quién queda expuesto a un mercado clandestino letal.
Los expertos consultados por Ottawa lo advirtieron. Las autoridades locales lo respaldaron. La evidencia empírica ya existía.
Sin embargo, la estrategia federal se inclinó por la cautela electoral, el temor a la reacción pública y la conservación del statu quo en torno a la política de drogas.
El costo de esa decisión —medible en miles de vidas perdidas— ya está registrado en las estadísticas nacionales.
¿Un debate que Canadá ya no puede retrasar?
A medida que avanza el desafío legal presentado por DULF y que las muertes continúan en niveles récord, Canadá se acerca a un punto de inflexión político.
El país deberá decidir si continúa defendiendo una política de drogas alineada con la prohibición clásica o si adopta un enfoque regulatorio más audaz, respaldado por su propia comunidad científica.
Lo que está en juego no es solo el diseño técnico de un programa de reducción de daños, sino la definición del papel del Estado en una crisis que convierte cada día en una ruleta rusa para miles de ciudadanos.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿Está Canadá dispuesto a seguir aceptando una estrategia que ya ha demostrado no salvar vidas?
Crédito fotográfico: Getty Images