THE LATIN VOX (21 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La educación superior en Estados Unidos está bajo ataque. La administración de Donald Trump ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra algunas de las principales universidades del país, amenazando con recortes millonarios en financiamiento federal si no cumplen con una serie de exigencias políticas y administrativas.
Hasta ahora, la reacción de las instituciones afectadas ha sido tibia, mientras enfrentan la difícil decisión de rendirse o luchar por su independencia académica.
El caso más emblemático es el de la Universidad de Columbia, que vio cómo el gobierno congeló 400 millones de dólares en contratos y subvenciones federales. La administración de Trump ha condicionado la restauración de estos fondos a que la institución tome medidas más drásticas contra estudiantes que participan en protestas pro-palestinas, reforme su sistema de admisiones y someta a una de sus facultades a una «tutela académica» impuesta externamente. Muchos ven en esta presión una forma de chantaje ideológico y un intento de socavar la autonomía universitaria.
Lee Bollinger, ex presidente de Columbia, calificó la situación como «una toma de poder autoritaria». Sin embargo, ante la inminente fecha límite impuesta por el gobierno, los informes indican que Columbia podría ceder a las demandas de Trump, lo que marcaría un precedente alarmante para el resto de las universidades del país.
El temor se ha extendido por los campus universitarios de EE.UU. Profesores, investigadores y estudiantes temen perder sus empleos o financiamiento simplemente por sus opiniones políticas o por estar afiliados a instituciones que han sido objeto del escrutinio de la administración.
La Casa Blanca también ha anunciado investigaciones sobre presunto antisemitismo en diez universidades y ha advertido a otras 60 que podrían enfrentar acciones similares. Además, ordenó el arresto de Mahmoud Khalil, ex estudiante de Columbia y líder de manifestaciones pro-palestinas, bajo una ley poco conocida que permite la deportación de extranjeros que supongan «un riesgo para la política exterior de EE.UU.».
Otro golpe a la autonomía universitaria llegó con la decisión de congelar 175 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Pensilvania debido a su política de inclusión de mujeres trans en deportes femeninos. Esta medida, según la administración, busca proteger la equidad y seguridad de las competidoras, aunque muchos la consideran un ataque a los derechos de la comunidad trans.
A pesar de la gravedad de estos ataques, la respuesta de las universidades ha sido en gran parte cautelosa. Si bien algunos profesores y funcionarios han demandado al Departamento de Educación para bloquear las medidas de Trump, la resistencia institucional ha sido limitada. Según la profesora de derecho Veena Dubal, «los administradores universitarios están aterrorizados por la posibilidad de perder millones de dólares en financiamiento, lo que ha llevado a un preocupante nivel de autocensura».
Algunas universidades ya están experimentando las consecuencias de la presión política. Johns Hopkins anunció recientemente la eliminación de 2.000 empleos debido a recortes de financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Harvard ha implementado una congelación en la contratación de personal.
Sin embargo, hay voces dentro del mundo académico que piden una postura más firme. Michael Roth, presidente de la Universidad de Wesleyan, criticó la «obsesión con la neutralidad institucional» que, según él, convierte «la cobardía en una política». Por su parte, Katrina Armstrong, presidenta interina de Columbia, reconoció que «este es un momento crítico para la educación superior en este país».
Expertos legales sostienen que universidades como Columbia podrían tener bases sólidas para demandar al gobierno si este retira su financiamiento de manera arbitraria. Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en Columbia, argumentó que «muchas de las exigencias de la administración son ilegales y violan la libertad de expresión académica».
A medida que se intensifica el conflicto entre la administración de Trump y el mundo académico, la gran pregunta sigue siendo: ¿se someterán las universidades a estas presiones o darán la batalla por su independencia y principios? Lo que suceda en los próximos meses podría definir el futuro de la educación superior en Estados Unidos y su papel en la defensa de los valores democráticos.
Crédito fotográfico: Reuters