THE LATIN VOX (26 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El Parlamento de Camboya aprobó ayer lunes una controvertida ley que habilita al Gobierno a despojar de la nacionalidad a cualquier ciudadano acusado de “colusión” con países extranjeros, una medida que organizaciones de derechos humanos advierten podría convertirse en un arma para silenciar a opositores y críticos del régimen.
La iniciativa fue votada de manera unánime por los 120 legisladores de la Asamblea Nacional, incluido el primer ministro Hun Manet. Según el texto, la ciudadanía podrá retirarse a quienes incurran en actos que atenten contra la “soberanía, integridad territorial y seguridad nacional”. La decisión final quedará en manos de un comité creado a propuesta del ministro del Interior, Sar Sokha.
Advertencias de represión
Un bloque de 50 organizaciones de la sociedad civil alertó en un comunicado que la norma tendrá un “efecto devastador sobre la libertad de expresión de todos los camboyanos”. Denuncian que la redacción vaga de la ley abre la puerta a abusos, incluyendo persecución basada en opiniones políticas, activismo o incluso etnicidad.
“Un gobierno puede tener muchos poderes, pero no debería decidir arbitrariamente quién es o no es ciudadano de su propio país”, advirtieron.
La aprobación ocurre en un clima político marcado por la represión: decenas de opositores han sido encarcelados o enfrentan procesos judiciales considerados de motivación política. El líder opositor Kem Sokha, por ejemplo, fue condenado en 2023 a 27 años de prisión por un supuesto delito de traición, acusación que siempre ha rechazado.
Contexto de tensiones fronterizas
El ministro Sar Sokha defendió la ley alegando amenazas provenientes de “una pequeña minoría de ciudadanos traidores que actúan en nombre de Tailandia”, con la que Camboya mantuvo el mes pasado enfrentamientos fronterizos que dejaron al menos 43 muertos. Sin embargo, el plan de restringir los derechos de ciudadanía había sido diseñado con anterioridad y se consolidó tras una enmienda constitucional que eliminó la garantía absoluta de nacionalidad.
Críticas internacionales
Amnistía Internacional calificó la legislación como “una violación atroz del derecho internacional”, denunciando que llega en un contexto donde la independencia judicial está completamente socavada.
“Esto ha permitido que las prácticas autoritarias del Gobierno se mantengan sin control, incluyendo la persecución de líderes opositores, activistas y periodistas independientes”, señaló Montse Ferrer, directora regional de investigación de la organización.
Aunque el texto aún debe ser ratificado por el Senado y promulgado por el jefe de Estado, ambos pasos se consideran meramente formales.
La ley coloca a Camboya en la senda de una minoría de países que permiten despojar de la ciudadanía a sus nacionales, y refuerza la preocupación de que el gobierno de Hun Manet esté consolidando un modelo autoritario en el que la disidencia puede terminar, literalmente, sin patria.
Crédito fotográfico: AP News