THE LATIN VOX (2 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En la narrativa global, Canadá ha sido durante décadas el bastión norteamericano de la decencia, la hospitalidad y el multiculturalismo.
Una nación donde los refugiados encontraban refugio, donde el diálogo primaba sobre la confrontación, y donde la política migratoria era un ejemplo de humanidad frente a la dureza de otros países. Sin embargo, bajo el liderazgo del recién elegido primer ministro Mark Carney, esa imagen empieza a resquebrajarse.
El proyecto de ley C-2, oficialmente conocido como «Strong Borders Act», ha sacudido los cimientos de esa reputación cuidadosamente construida. Con 127 páginas de medidas restrictivas, la propuesta ha sido descrita por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Migrants Rights Network como un ataque directo a los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados. Y no sin razón.
¿Una ley hecha en Washington?
Lo que más inquieta a muchos observadores no es solo el contenido del proyecto, sino su motivación. El propio ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, admitió que muchas de las disposiciones del proyecto fueron redactadas en respuesta a las preocupaciones planteadas por la Casa Blanca de Donald Trump.
“Hay elementos que fortalecerán nuestra relación con Estados Unidos”, reconoció Anandasangaree en una conferencia de prensa. “Estamos abordando cuestiones que han sido irritantes para ellos”.
Una declaración que ha sido interpretada como una cesión preocupante de la soberanía canadiense ante la presión de su vecino del sur. Para muchos, Canadá no está legislando por sus propios intereses, sino plegándose a los dictados de una administración estadounidense con un historial abiertamente hostil hacia los inmigrantes.
Medidas draconianas y consecuencias humanas
El proyecto de ley propone cambios radicales que, de ser aprobados, podrían desencadenar una ola de deportaciones sin precedentes. Entre sus disposiciones más polémicas:
- Prohíbe el acceso a audiencias de asilo a personas que hayan estado en el país por más de un año, aplicándose retroactivamente desde junio de 2020.
- Obliga a quienes ingresen entre puntos oficiales de entrada a presentar su solicitud de asilo en un plazo de solo 14 días.
- Otorga al ministro de Inmigración el poder de cancelar documentos migratorios en masa, sin necesidad de revisión judicial.
Estas medidas ponen en riesgo directo a miles de personas, incluyendo a quienes escaparon de la persecución en Estados Unidos durante el mandato de Trump. ¿Qué será de ellos ahora, cuando incluso el supuesto refugio canadiense parece darles la espalda?
Voces en contra
Desde el Parlamento hasta las organizaciones de la sociedad civil, las críticas no han cesado. Jenny Wai Ching Kwan, diputada por Vancouver East, denunció que el proyecto viola derechos civiles básicos. Tim McSorley, coordinador nacional del International Civil Liberties Monitoring Group, cuestionó la lógica del proyecto:
“Si el gobierno realmente quiere combatir el tráfico ilegal de armas y drogas, debería presentar legislación específica para ese fin, no un proyecto omnibus que criminaliza a los migrantes”.
¿El Canadá de siempre?
La nueva ley representa una ruptura con el espíritu acogedor que tanto ha definido a Canadá ante el mundo. Más preocupante aún, marca un alineamiento con las políticas populistas y xenófobas que han ganado fuerza en el hemisferio occidental. Al hacerlo, Canadá corre el riesgo no solo de perder su imagen internacional, sino de traicionar los valores que alguna vez lo hicieron destacar entre las naciones.
En lugar de ser un contrapeso ético a los excesos de líderes como Trump, Carney parece haber optado por el camino fácil: el de la conveniencia política. Un camino que podría tener consecuencias humanas devastadoras y que, sin duda, marcará un antes y un después en la historia migratoria del país.
¿Qué queda del Canadá solidario y humano? Con el proyecto de ley C-2, la respuesta parece ser: poco, o nada.
Crédito fotográfico: NBC News