El gobierno de Canadá reconoció el viernes que un programa que permite a los extranjeros inadmisibles entrar o permanecer en el país bajo ciertas condiciones ha fallado en cuatro auditorías internas y ha dejado entrar a miles de personas con posibles vínculos con delitos graves.
Según un informe del Centro Canadiense de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CCIRC), el programa de permisos de residencia temporal, que otorga a los solicitantes una estancia de hasta tres años y el acceso a beneficios sociales y sanitarios, no siguió las reglas en el 52 % de los 168 casos analizados al azar.
El informe indica que el programa tiene como objetivo atender las necesidades humanitarias o de interés público de los extranjeros que, de otro modo, no podrían entrar o permanecer en Canadá por motivos de seguridad, salud o criminalidad.
Sin embargo, el informe revela que los agentes de aduanas pueden emitir los permisos, que cuestan 200 dólares, a los viajeros si están “convencidos de que la necesidad del extranjero de entrar o permanecer en Canadá es lo suficientemente imperiosa como para superar los riesgos para la salud y la seguridad de la sociedad canadiense”.
Las normas exigen que los titulares de los permisos demuestren “razones convincentes para justificar la emisión del permiso y cómo superan los riesgos”.
El número de permisos emitidos al año se redujo casi en dos tercios, pasando de más de 6.000 a 2.044 en 2020, debido a las restricciones y la aplicación de la Ley de Cuarentena por la pandemia.
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, dijo que el programa se revisará para garantizar que se cumplan las normas y que se proteja la seguridad nacional.
El informe se basa en una auditoría interna publicada a principios de este año por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC), que evaluó la eficacia y la eficiencia del Programa de Control de Seguridad Nacional para la Inmigración entre 2014 y 2019.
El programa, que se ejecuta en colaboración con el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (SISC), tiene como objetivo “impedir que los extranjeros o residentes permanentes inadmisibles entren o permanezcan en Canadá”, según la auditoría.
Para ello, los agentes de seguridad examinan las solicitudes de residencia temporal o permanente o las reclamaciones de refugiados señaladas por Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC) como potencialmente peligrosas.
Los agentes evalúan entonces la posible inadmisibilidad de los solicitantes en virtud de las secciones de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados que tratan sobre delitos graves como el espionaje, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad o la delincuencia organizada, y envían una recomendación a los funcionarios del IRCC.
La gran mayoría de los solicitantes son examinados positivamente y se les permite entrar en el país. Pero de los 7.141 casos en los que los agentes de seguridad enviaron al IRCC una recomendación “desfavorable” durante los años cubiertos por la auditoría, 3.314 fueron admitidos en Canadá, según el informe.