THE LATIN VOX (3 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Con la aprobación de la controvertida Ley C-5, el primer ministro canadiense Mark Carney ha declarado que «el verdadero trabajo comienza ahora». Esta legislación, vista por sus defensores como un paso crucial para dinamizar la economía canadiense, ha generado un fuerte debate nacional sobre sus implicaciones ambientales, constitucionales y democráticas.
La ley fue aprobada por el Parlamento antes del receso de verano y contiene una pieza central: el Building Canada Act, que otorga al gabinete federal la autoridad para seleccionar y aprobar grandes proyectos de infraestructura considerados de interés nacional. Esto incluye la capacidad de sortear revisiones ambientales, procesos de permisos y, en algunos casos, leyes federales existentes.
Una solución ante la amenaza económica
Carney ha presentado la ley como una respuesta urgente a lo que describe como una crisis económica provocada, en parte, por las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. “Si no crees que estamos en crisis, ve a Sault Ste. Marie. Ve a Hamilton. Ve a Windsor. Ve a cualquier proyecto forestal o de aserraderos. Y esto es solo el comienzo”, advirtió.
El gobierno federal aún no ha anunciado cuáles serán los proyectos priorizados, pero fuentes cercanas al gabinete han confirmado que los ministros se reunirán durante todo el verano para decidir qué iniciativas avanzarán rápidamente. Además, se está llevando a cabo una consulta con provincias, territorios y comunidades indígenas para identificar proyectos que cumplan con los criterios establecidos.
Proyectos estancados y un llamado a construir
Expertos como Jay Khosla, ex alto funcionario de Recursos Naturales de Canadá, advierten que el país ha permanecido demasiado tiempo “en el carril lento”. Actualmente dirige el área de política económica y energética del Public Policy Forum, un centro de pensamiento que recientemente publicó el informe Build Big Things, destacando el rezago del país en crecimiento del PIB per cápita.
“El exceso de carga regulatoria ha paralizado proyectos clave, como minas de minerales críticos en Ontario, producción de petróleo en Terranova o líneas de transmisión para energía renovable”, señaló Khosla. Añadió que si Carney realmente desea cumplir su promesa de campaña de “construir, construir, construir”, el gobierno debe actuar con rapidez y eliminar obstáculos burocráticos.
Khosla propuso incluso un seguimiento diario de los avances. “Pediría una lista que pudiera llevar en mi bolsillo o en una cinta que corra en la pantalla cada día”, dijo.
Indígenas exigen participación real
Pero mientras Carney y su equipo avanzan, líderes indígenas han expresado su descontento con el proceso. Cindy Woodhouse Nepinak, jefa nacional de la Asamblea de Primeras Naciones, criticó la rapidez con la que se aprobó la ley, acusando al gobierno de no haber consultado adecuadamente a las comunidades, muchas de las cuales estaban lidiando con incendios forestales y evacuaciones en ese momento.
“El diálogo es en ambas direcciones. No se trata de imponer algo de manera unilateral”, afirmó.
No obstante, no todas las comunidades indígenas se oponen al desarrollo de recursos. Un ejemplo es el ambicioso proyecto Kivalliq Hydro-Fibre Link, promovido por la corporación indígena Nukik. Este proyecto busca conectar comunidades de Nunavut con la red eléctrica de Manitoba y proporcionar acceso a internet de alta velocidad a través de una línea de transmisión de 1.200 kilómetros.
“Estamos listos desde hace años”, dijo Anne-Raphaëlle Audouin, directora ejecutiva de la corporación.
El camino por delante
Carney tiene previsto reunirse con líderes indígenas en Ottawa, comenzando el 17 de julio con representantes de las Primeras Naciones. Según adelantó, esta será la primera etapa para identificar los proyectos prioritarios.
El gobierno de Canadá enfrenta un desafío complejo: equilibrar la necesidad urgente de infraestructura y crecimiento económico con el respeto a los derechos indígenas y la protección ambiental. Si bien la Ley C-5 promete destrabar años de inacción, su implementación será la verdadera prueba del liderazgo de Carney.
Con información de CBC News y entrevistas con expertos y líderes comunitarios.
Crédito fotográfico: Canada’s National Observer