THE LATIN VOX (26 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En octubre de 2024, el gobierno canadiense hizo historia al aprobar una ley que prometía revolucionar su sistema de salud: anticonceptivos y medicamentos para la diabetes serían gratuitos, como primer paso hacia un sistema nacional de medicamentos (pharmacare).
El entonces primer ministro Justin Trudeau celebró el avance como “progreso real”, y el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, lo calificó de victoria histórica para la atención sanitaria pública.
Pero casi un año después, el panorama es muy diferente: la gran mayoría de los canadienses aún pagan por sus anticonceptivos, y la promesa de un acceso gratuito y universal se ha quedado, por ahora, en papel mojado.
De la euforia legislativa a la realidad fragmentada
Solo tres de las diez provincias (Columbia Británica, Manitoba y la Isla del Príncipe Eduardo) y un territorio (Yukón) han firmado acuerdos con el gobierno federal para implementar la cobertura. Y de esas jurisdicciones, algunas ya ofrecían anticoncepción gratuita antes de la ley.
Trudeau y Singh ya no están en el poder, y el nuevo primer ministro, Mark Carney, ha centrado su agenda en economía, comercio y relaciones con EE.UU., apenas mencionando los derechos reproductivos o el sistema de medicamentos.
Para muchos observadores, el retroceso ha sido desconcertante.
“Es sorprendente que no hayamos visto una adopción más rápida y decidida del plan de pharmacare”, dijo Angel Foster, profesora de salud de la mujer en la Universidad de Ottawa. “La gente lleva años exigiendo anticonceptivos gratuitos”.
Un sistema dividido por la Constitución
El problema radica en la estructura federal de Canadá. Aunque el Parlamento puede destinar fondos, la implementación de servicios de salud recae en las provincias y territorios, que deben negociar individualmente con Ottawa para recibir el financiamiento.
“Sabemos que los primeros ministros conservadores no quieren ampliar el acceso a anticonceptivos gratuitos”, advirtió Singh en 2024. “Este logro es frágil. No podemos permitir que se desmorone por falta de acción”.
Y eso parece ser exactamente lo que está ocurriendo. Provincias como Ontario, Alberta y Nueva Escocia no han firmado acuerdos, y algunas culpan al gobierno federal por la falta de avances en las negociaciones. Otras se muestran reticentes por temor a los costos a largo plazo.
“Es extraño, pero el temor a que pharmacare se salga de control en costos es un obstáculo profundamente arraigado en Canadá”, explicó Katherine Boothe, especialista en políticas de salud de la Universidad McMaster.
¿No es rentable prevenir?
Los defensores de la medida argumentan que el acceso gratuito a anticonceptivos no solo es un derecho, sino también una inversión inteligente. Un estudio publicado en 2015 estimó que los embarazos no planificados le cuestan al sistema canadiense $320 millones al año.
Por ejemplo, Columbia Británica estima que su programa de anticoncepción gratuita, ahora fortalecido con $670 millones federales, ahorra $27 millones anuales en abortos financiados por el sistema público. Manitoba y la Isla del Príncipe Eduardo también han señalado beneficios económicos y sociales como justificación para su adhesión al plan.
Sin embargo, el presupuesto inicial de $1,5 mil millones ya ha comprometido más del 60% de sus fondos solo en estas primeras jurisdicciones, lo que alimenta la ansiedad de las demás provincias sobre si habrá suficiente para cubrirlas a todas.
El costo de la inconsistencia
En comparación con otros países con sistemas universales, Canadá se queda atrás. En el Reino Unido, la anticoncepción siempre es gratuita. Francia y Australia también incluyen medicamentos subvencionados bajo regímenes nacionales.
Pero en Canadá, uno de cada cinco ciudadanos paga los medicamentos de su bolsillo, según datos del Lancet. Los anticonceptivos orales pueden costar hasta $300 anuales; un DIU, hasta $500.
“La gente está eligiendo el método que puede pagar, no el que es mejor para ella”, dijo Debbie Owusu-Akyeeah, directora de políticas de Action Canada for Sexual Health and Rights. “Para muchas, es: ‘No puedo pagar esta píldora, pero al menos puedo comprar condones y pagar el alquiler’”.
Carney en la mira: ¿Abandona la promesa de pharmacare?
Aunque el gobierno de Carney reiteró su apoyo a la sanidad universal en abril, ha evitado ofrecer detalles sobre cómo y cuándo se expandirá la cobertura farmacéutica.
El Ministerio de Salud de Nueva Escocia declaró que está “listo para negociar”, pero culpa al gobierno federal por la falta de avances. Alberta, por su parte, exige su parte de los fondos para mejorar su sistema, pero no ha recibido respuesta. Ontario guarda silencio.
En este contexto, muchos temen que la nueva administración esté dejando Pharmacare en segundo plano ante las crisis económicas y geopolíticas.
“No podemos perder de vista lo que es un principio central de la identidad canadiense: un sistema de salud universal”, subrayó Owusu-Akyeeah. “Este es un momento crítico. No podemos permitirnos el lujo de dejarlo pasar”.
Lo que comenzó como un avance histórico hacia una cobertura médica más equitativa en Canadá, hoy se tambalea entre la apatía política y los temores fiscales.
Para miles de mujeres canadienses, la realidad sigue siendo la misma: elegir entre anticoncepción y comida no debería ser parte de su día a día. El sueño de pharmacare aún vive, pero necesita algo más que promesas para sobrevivir.
Crédito fotográfico: NBC News