THE LATIN VOX (23 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un proyecto de 68 millones de dólares destinado a digitalizar y modernizar el sistema de asilo de Canadá fue cancelado silenciosamente en 2024, dejando una estela de dudas, preocupaciones sobre transparencia y críticas por parte de defensores de derechos migratorios.
El llamado “Proyecto de Interoperabilidad del Asilo”, lanzado en 2019, tenía la ambición de transformar un sistema abrumado y anticuado, aún dependiente de archivos en papel, en una plataforma digital interconectada entre tres instituciones clave: Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), la Agencia de Servicios Fronterizos (CBSA) y la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB).
Un cierre inesperado
Aunque el plan estaba previsto para completarse en 2022, enfrentó demoras técnicas, reordenamientos de prioridades y “períodos de inactividad” en los sistemas internos del IRCC. Finalmente, en febrero de 2024, el Departamento de Finanzas negó una extensión clave, lo que resultó en el cierre prematuro del proyecto con solo el 64 % de las metas cumplidas.
“El cierre fue inesperado”, revela una nota interna de la CBSA. Sin embargo, pocos meses después, el entonces ministro de Inmigración, Marc Miller, admitía ante el Parlamento: “Quiero reformar el sistema. No está funcionando como debería”.
Avances… y vacíos
Pese a su cancelación, el proyecto logró ciertos avances técnicos, como:
- Automatización de solicitudes de asilo
- Creación automática de expedientes y verificación de admisibilidad
- Intercambio de información en tiempo real entre agencias
- Mejoras en el proceso de remoción y detención
Sin embargo, muchas funciones esenciales quedaron “diferidas” o eliminadas, como un portal para oficiales de frontera o herramientas para evaluación de riesgo antes de la remoción. Una función crítica —centralizar todas las notas asociadas a un caso en un solo lugar— nunca se implementó, lo cual, según expertos, afecta directamente la eficiencia y equidad del sistema.
Críticas desde el terreno
La noticia ha generado fuerte preocupación entre abogados y activistas. Wei Will Tao, abogado especializado en asilo, cuestiona: “Si estas herramientas son tan efectivas, ¿por qué seguimos teniendo esta acumulación histórica de casos?”. En junio de 2023 había 100,000 solicitudes pendientes. Hoy hay 288,198, casi el triple.
Tao también alerta sobre la falta de transparencia y los posibles efectos negativos de compartir datos entre agencias con distintas funciones, especialmente cuando una de ellas —la IRB— es un tribunal independiente. “¿Cómo se usa esa información? ¿Puede afectar el derecho de los solicitantes a un juicio justo?”, se pregunta.
Por su parte, Syed Hussan, de la organización Migrant Rights Network, va más allá: “Lo que se presenta como una mejora técnica es, en realidad, una política que hace más difícil obtener protección”. Hussan critica que los recursos se estén destinando a digitalización, mientras se recortan fondos para agencias de asentamiento y se despiden funcionarios públicos.
“Estos mecanismos de eficiencia están causando estragos en personas con barreras tecnológicas. No se trata solo de software: se trata de derechos humanos”, dijo.
¿Tecnología o ideología?
El proyecto fue impulsado con la promesa de mejorar la seguridad fronteriza, agilizar trámites y ofrecer un mejor servicio. Pero su implementación parcial ha generado sospechas de que el objetivo real era facilitar remociones más rápidas en lugar de mejorar la protección de personas refugiadas.
De hecho, Canadá ejecutó más órdenes de deportación en el último año fiscal que en cualquier otro desde 2019: un total de 18,048.
Futuro incierto
El IRCC ha prometido que los avances tecnológicos realizados no se perderán y serán utilizados como base para futuras reformas, en particular aquellas contempladas en el Proyecto de Ley C-2 (Ley de Fronteras Fuertes). Pero para críticos como la diputada del NDP Jenny Kwan, la cancelación silenciosa del proyecto “refleja otro fracaso del sistema” y exige respuestas del gobierno federal.
Mientras tanto, el Departamento de Finanzas se negó a comentar sobre su decisión de cerrar la financiación.
Para muchos, la pregunta que queda flotando es: ¿se puede modernizar un sistema de asilo sin sacrificar la justicia y los derechos de quienes buscan protección?
Crédito fotográfico: VisaPlace