El pasado 25 de octubre, el ejército de Sudán dio un golpe de Estado y disolvió el gobierno de transición civil que se había formado tras la caída del dictador Omar al-Bashir en 2019. El golpe ha provocado una ola de protestas y represión en el país africano, que se enfrenta a una grave crisis política y humanitaria.
Entre los responsables del golpe se encuentra la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), liderada por el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, que es el vicepresidente del Consejo Militar de Transición y el segundo hombre más poderoso del país. La RSF es una fuerza paramilitar que se ha ganado la fama de cometer atrocidades y violaciones de los derechos humanos en Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul, así como en la represión de las manifestaciones prodemocráticas de 2019.
La RSF ha contratado a una empresa de relaciones públicas canadiense, Dickinson Wright, para mejorar su imagen y defender sus intereses en el extranjero. Según un informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Dickinson Wright ha recibido más de 6 millones de dólares canadienses de la RSF desde 2019, y ha realizado actividades de lobby ante el gobierno de Canadá, las Naciones Unidas y otros actores internacionales.
La CIJ denuncia que Dickinson Wright ha tratado de presentar a la RSF como una fuerza estabilizadora y pacificadora en Sudán, y ha minimizado o negado sus violaciones de los derechos humanos. La CIJ considera que estas acciones son contrarias a los principios del derecho internacional y a los valores democráticos de Canadá, y pide al gobierno canadiense que tome medidas para impedir que la RSF utilice el territorio y los recursos canadienses para promover su agenda.
El gobierno de Canadá ha condenado el golpe de Estado en Sudán y ha pedido el restablecimiento del gobierno civil y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, no ha tomado ninguna acción concreta contra Dickinson Wright ni contra la RSF. La CIJ insta a Canadá a que suspenda cualquier relación con la RSF y sus representantes, que investigue y sancione a Dickinson Wright por su complicidad con la milicia, y que apoye los esfuerzos internacionales para llevar a los responsables del golpe y de las violaciones de los derechos humanos ante la justicia.
Canadá tiene la oportunidad y la responsabilidad de defender los principios democráticos y los derechos humanos en Sudán, y de oponerse a las presiones de los lobistas a favor de la milicia RSF. La CIJ espera que Canadá actúe con coherencia y firmeza, y que se solidarice con el pueblo sudanés que lucha por su libertad y su dignidad.