THE LATIN VOX (9 de octubre del 2025).- Por Daniela Medina.
En un giro significativo al polémico proyecto de ley de seguridad fronteriza conocido como Strong Borders Act, el gobierno federal ha decidido retirar del texto ciertas disposiciones que habrían permitido a las fuerzas del orden obtener datos de ciudadanos canadienses sin necesidad de una orden judicial. La modificación ha sido explicada como un intento de equilibrar la seguridad nacional con las libertades civiles, tras un debate público intenso y críticas sobre la posible vulneración de derechos fundamentales.
El proyecto original, introducido como parte de una estrategia más amplia para reforzar el control fronterizo y migratorio de Canadá, incluía cláusulas como el acceso legal (lawful access) a datos de transmisión y suscripciones de servicios digitales sin autorización judicial, además de facultades para inspección de correo postal. Estas medidas desataron reparos de organismos de defensa de la privacidad, expertos legales y partidos de la oposición, quienes las calificaron como excesivas, invasivas y con riesgo de abuso.
¿Qué cambió exactamente del proyecto?
Supresión de las cláusulas más controvertidas
Con la reforma del proyecto que ahora se denomina Bill C-12 en su versión revisada se ha eliminado:
- El poder para que la policía requiera a proveedores de Internet los datos de suscriptores o transmisiones sin una orden judicial formal.
- La autorización para inspeccionar el correo postal administrado por Canada Post sin una orden previa.
- La cláusula que imponía límites de efectivo y depósitos en efectivo bajo medidas antiporno y control de lavado de dinero, específicamente el umbral de 10.000 dólares en transacciones.
Estas disposiciones ya no formarán parte del nuevo texto de Strong Borders, aunque el ministro de Seguridad Pública ha afirmado que las considerarán como un proyecto separado para buscar un consenso más amplio.
Lo que permanece
Aunque las cláusulas más agresivas han sido retiradas, el proyecto sigue manteniendo otras medidas para reforzar autoridad fronteriza y migratoria:
- Disposiciones que permiten suspender procesamiento de solicitudes migratorias o referir ciertos casos de asilo si superan un año.
- Ampliación de poderes a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) para inspecciones y operaciones de seguridad en puertos de entrada.
- Medidas de intercambio de información entre agencias federales y provinciales para fortalecer la vigilancia fronteriza.
Reacciones encontradas: seguridad vs. derechos civiles
Apoyo del gobierno y aliados policiales
El ministro Gary Anandasangaree defendió la enmienda argumentando que la retirada de esos pasajes no representa un retroceso, sino una reorganización del enfoque:
“Queremos construir un proyecto legislativo que sea fuerte pero respetuoso de las libertades. Es por eso que separamos el acceso legal al resto del proyecto, para que puedan analizarse por sí solos con participación pública.”
Líderes policiales han manifestado que la versión modificada permite seguir avanzando con medidas de seguridad sin generar resistencias legales excesivas.
Críticas de defensores de la privacidad y la oposición
Expertos en derechos digitales y libertades han saludado el ajuste, pero piden cautela:
- El profesor Michael Geist de la Universidad de Ottawa calificó las cláusulas removidas como “posiblemente uno de los mayores excesos propuestos por cualquier gobierno en materia de privacidad”.
- Representantes de organizaciones de derechos humanos advirtieron que aunque se haya hecho un “quitar de lo más extremo”, quedan aún otras disposiciones migratorias potencialmente peligrosas para los solicitantes de asilo y ciudadanos vulnerables.
- Partidos de oposición preservan escepticismo y exigen salvaguardas legales, mecanismos de supervisión independientes y vetos explícitos para evitar abusos futuros.
Contexto: por qué era tan controvertido el acceso sin orden judicial
La inclusión original de cláusulas de acceso legal sin orden generó alarma porque podrían abarcar desde proveedores de telecomunicaciones, plataformas digitales, sitios de citas, servicios médicos en línea, hasta intermediarios privados sin salvaguardas efectivas. En muchos casos, dichos datos permiten reconstruir la vida privada de las personas conexiones, contactos, ubicaciones sin que el dueño del dato supiera ni pudiera impugnar legalmente.
Canadá ocupa una posición singular entre las naciones del grupo Cinco Ojos (Five Eyes), puesto que hasta ahora no tenía facultades claras para acceder legalmente a esos datos sin orden judicial, a diferencia de sus aliados. Algunas autoridades consideraban que esa laguna dificultaba enjuiciar delitos digitales graves, pero otros la defendían como protección esencial para los derechos de los ciudadanos.
Qué sigue: desafíos, debates y el rumbo del proyecto
- Evaluación del Bill C-12 en el Parlamento: el proyecto modificado será sometido ahora a debates en la Cámara de los Comunes, donde cada enmienda continuará siendo analizada por comités y partidos.
- Separación de la “acceso legal” como proyecto independiente: según declaraciones oficiales, las facultades de acceso a datos digitales sin orden serán objeto de otro proyecto de ley, con proceso legislativo aparte, buscando consenso amplio antes de aprobarlo.
- Presión de interés público y asociaciones civiles: defensores de la privacidad intensificarán su vigilancia sobre cualquier nuevo proyecto, acusando que aunque el perfil del texto cambie, el propósito no debe ser desvirtuado.
- Posible recurso judicial: si se aprueba el proyecto tal cual, es probable que organizaciones no gubernamentales presenten demandas ante tribunales canadienses, alegando violaciones de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Este cambio legislativo evidencia que las leyes fronterizas también son terreno de disputa entre seguridad estatal y libertades individuales. El retiro de las cláusulas de acceso sin orden representa una victoria parcial para defensores de la privacidad, pero no pone fin al debate sobre cómo encontrar el equilibrio entre proteger a la nación y respetar los derechos de sus ciudadanos.
Fuente: www.theglobeandmail.com
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