THE LATIN VOX (2 de marzo del 2025).- Por Kael Ponce de Leon garcia.
Canadá se suma a la lucha contra la inmigración irregular, con un enfoque más estricto en sus políticas de deportación. Según cifras proporcionadas por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), alrededor de medio millón de personas están a la espera de ser expulsadas del país. Este cambio refleja un esfuerzo concertado para reducir el número de residentes temporales y permanentes en Canadá.
En 2024, Canadá deportó a 16,860 personas de forma forzosa, un incremento del 11% respecto al año anterior, y la cifra más alta desde 2019. La mayoría de los deportados forzosos fueron ciudadanos mexicanos (3,759), seguidos por India (1,932) y Colombia (956). De estos, 13,527 eran solicitantes fallidos de refugio.
La CBSA también señaló que 30,000 de los casi 500,000 individuos que están a la espera de ser deportados están siendo buscados activamente por las autoridades canadienses. Este enfoque más riguroso se alinea con el plan anunciado a finales de 2024, que busca reducir el número de extranjeros en el país. Para 2027, el gobierno canadiense planea reducir el número de residentes temporales en 500,000 personas y disminuir el número de residentes permanentes en un 20%.
Este año, Canadá aceptará 395,000 inmigrantes, una cifra que se reducirá a 380,000 en 2026 y a 365,000 en 2027. Estas medidas reflejan un cambio significativo en la política de inmigración de Canadá, que históricamente ha sido conocido por su enfoque más acogedor hacia los inmigrantes.
El endurecimiento de las políticas de inmigración en Canadá se produce en un contexto global de aumento de las deportaciones y restricciones migratorias. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos para deportar a cientos de miles de inmigrantes, utilizando la ley de «remoción expedita» para acelerar el proceso. Este enfoque ha generado críticas y preocupaciones sobre los derechos de los inmigrantes y el impacto en las comunidades locales.
En Canadá, la situación ha llevado a un aumento en la incertidumbre entre las comunidades de inmigrantes. Organizaciones de derechos humanos y activistas han expresado su preocupación por el trato a los solicitantes de asilo y la posible violación de sus derechos. La CBSA ha defendido sus acciones, argumentando que las deportaciones son necesarias para mantener la integridad del sistema de inmigración y garantizar la seguridad pública.
Mientras tanto, los inmigrantes en Canadá enfrentan un futuro incierto, con muchos temiendo la posibilidad de ser separados de sus familias y comunidades. La situación subraya la complejidad de equilibrar las políticas de inmigración con los derechos humanos y las necesidades económicas en un mundo cada vez más interconectado.