THE LATIN VOX (10 de agosto del 2025).- Francisco Javier Valdiviezo Cruz
A solo cinco meses de asumir el cargo, el primer ministro Mark Carney se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿podrá Canadá cumplir sus compromisos climáticos para 2030 o deberá admitir que el objetivo es inalcanzable?
El desafío es mayúsculo. El país está legalmente comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 40 % por debajo de los niveles de 2005 en los próximos cinco años. Sin embargo, las proyecciones oficiales indican que Canadá no alcanzará ni su meta intermedia para 2026, que requería una reducción del 20 %, y que apenas llegaría al 16 %.
Simon Donner, principal asesor climático del país, no duda en advertir que “es seguro predecir que no cumpliremos ese objetivo”. Otros, como el ex viceministro de Recursos Naturales Serge Dupont, sostienen que las metas “quizás fueron demasiado ambiciosas desde el inicio”, aunque recalcan la importancia de avanzar lo máximo posible.
La eliminación del impuesto federal al carbono —una de las primeras medidas de Carney— ha complicado aún más el panorama. Según un análisis, esta política había contribuido a reducir las emisiones en menos de un 7 %.
Mientras tanto, grupos como Last Generation, inspirados en el movimiento británico Just Stop Oil, intensifican la presión con acciones de desobediencia civil, reclamando la creación de una agencia nacional de respuesta a desastres climáticos.
A pesar de algunos avances, como la drástica reducción de emisiones en el sector eléctrico, el crecimiento de la producción de petróleo y gas —un 11 % más desde 2005— ha anulado parte de esos logros. Este sector sigue siendo el mayor emisor del país y está en el centro del debate. Dos políticas heredadas del gobierno de Justin Trudeau siguen pendientes: la regulación reforzada de metano y un tope a las emisiones de petróleo y gas.
Carney, por su parte, ha mostrado apertura a acelerar proyectos que considere de interés nacional, incluso un oleoducto, lo que genera interrogantes sobre su compromiso con los objetivos climáticos. Su proyecto de ley C-5 permitiría aprobar este tipo de infraestructuras antes de completar evaluaciones ambientales o consultas con comunidades indígenas.
La ley canadiense de responsabilidad hacia las emisiones netas cero obliga al gobierno a rendir cuentas sobre sus metas. Sin embargo, con un contexto económico debilitado y una opinión pública más dividida sobre las políticas verdes, Carney podría verse forzado a recalibrar los objetivos.
La incógnita es si esta recalibración será interpretada como pragmatismo político o como un retroceso frente a la urgencia climática, en un momento en que los incendios forestales y las olas de calor ya marcan récords preocupantes en el país.
Crédito fotográfico: The Environment Journal