El gobierno de Canadá ha anunciado cambios significativos en el programa Jordan’s Principle, una iniciativa diseñada para garantizar que los niños de las Primeras Naciones reciban la atención y los apoyos necesarios sin demoras burocráticas.
Entre las modificaciones más notables, el gobierno federal ha decidido restringir el financiamiento para renovaciones en el hogar, eventos deportivos, viajes internacionales, apoyos no médicos y solicitudes relacionadas con la educación, salvo cuando sea necesario para garantizar la igualdad con niños no indígenas.
Las modificaciones surgen casi un año después de que el gobierno argumentara ante el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos (CHRT, por sus siglas en inglés) que el programa estaba financiando solicitudes para artículos no urgentes como sesiones de fotografía para modelaje, consolas de videojuegos, bicicletas y kits de tirolesa.
En su fallo del 29 de enero, el tribunal expresó preocupación sobre esta situación, aunque reconoció que algunas solicitudes inusuales podrían justificarse, como la compra de un refrigerador para almacenar medicamentos en la isla de Walpole.
Jordan’s Principle lleva el nombre de Jordan River Anderson, un niño de Manitoba con múltiples discapacidades que falleció en el hospital mientras la provincia y el gobierno federal discutían quién debía pagar por su atención médica en casa.
El principio fue establecido a raíz de una queja de derechos humanos presentada en 2007 por la Asamblea de Primeras Naciones y la Sociedad de Cuidado Infantil y Familiar de las Primeras Naciones, argumentando que los niños indígenas enfrentaban barreras para acceder a los mismos servicios que otros niños en Canadá debido a disputas jurisdiccionales.
Desde su implementación, Jordan’s Principle ha sido un salvavidas para muchas familias, permitiendo el acceso rápido a servicios esenciales sin necesidad de resolver primero si la responsabilidad financiera recaía en el gobierno federal o en las provincias.
Sin embargo, el gobierno canadiense ha argumentado ante el tribunal que la amplitud del programa ha crecido demasiado y que muchas solicitudes no urgentes han sido etiquetadas como prioritarias, contribuyendo a una acumulación de 140,000 peticiones pendientes.
En enero, el padre de Jordan, Ernest Anderson, denunció el «abuso» del programa en redes sociales, alegando que algunos niños con necesidades urgentes estaban experimentando demoras debido a un mal uso del sistema. «Si utilizaran a tu hijo de esta manera, no te gustaría», afirmó en un video de seis minutos y medio, instando a una reunión para abordar los problemas del programa.
Cindy Blackstock, directora de la Sociedad de Cuidado Infantil y Familiar de las Primeras Naciones y una de las principales impulsoras de la queja original que dio origen a Jordan’s Principle, ha criticado la decisión del gobierno. En una entrevista, expresó que los cambios carecen de fundamento empírico y refuerzan estereotipos coloniales.
«Nadie esperaba que todas las solicitudes fueran aprobadas», dijo Blackstock. «El poder estaba en manos del gobierno de Canadá: fue su decisión aprobar estos casos». También señaló que el gobierno nunca ha presentado documentación que respalde sus reclamos sobre el supuesto abuso del sistema ni ha demostrado cuán extendido es el problema.
Blackstock presentó una moción contra el gobierno a principios del año pasado alegando incumplimiento, y en diciembre el tribunal dictaminó que Canadá debía abordar el retraso en las solicitudes y crear un mecanismo independiente de quejas.
Las reformas también han generado críticas desde organizaciones regionales de las Primeras Naciones. En diciembre, la Asamblea de Jefes de Manitoba calificó el programa como un sistema insostenible de burocracia y aprobaciones.
Otras organizaciones en la provincia han denunciado que se encuentran paralizadas y adeudan más de un millón de dólares en financiamiento que han tenido que cubrir con sus propios fondos.
Los cambios anunciados por el gobierno, que incluyen una revisión de los procesos y políticas a nivel regional y nacional, han generado incertidumbre en las comunidades indígenas.
En un boletín del 10 de febrero, el Departamento de Servicios Indígenas de Canadá afirmó que estas modificaciones garantizarán «políticas y comunicaciones más claras y coherentes» sobre los servicios que pueden recibir los niños de las Primeras Naciones bajo Jordan’s Principle y la documentación necesaria para acceder a ellos.
Sin embargo, según Blackstock, el gobierno no ha demostrado en qué evidencia clínica se basa para restringir las solicitudes y qué sucederá con los niños que queden fuera del programa. «Si Canadá va a restringir estas solicitudes, necesitamos saber en qué base clínica lo están haciendo y qué pasará con los niños que ahora quedarán desprotegidos», advirtió.
A medida que las comunidades indígenas y el gobierno federal continúan enfrentándose sobre el futuro del programa, una cosa es clara: el debate sobre Jordan’s Principle no ha terminado y su impacto en la vida de los niños de las Primeras Naciones seguirá siendo un tema crucial en la agenda política y social de Canadá.