El gobierno de Canadá, liderado por el Primer Ministro Justin Trudeau, ha implementado un impuesto sobre los servicios digitales dirigido a grandes empresas tecnológicas extranjeras, a pesar de las advertencias de represalias comerciales por parte de Estados Unidos. Este impuesto, que entró en vigor el 28 de junio, se aplicará a los ingresos obtenidos desde el 1 de enero de 2022 y afectará principalmente a empresas con ingresos anuales globales superiores a 1.1 mil millones de dólares canadienses.
El impuesto consiste en un gravamen del 3% sobre los ingresos por servicios digitales generados por usuarios canadienses que superen los 20 millones de dólares canadienses en un año calendario. Empresas como Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. se verán afectadas por esta medida. Legisladores y funcionarios estadounidenses consideran que este impuesto es injusto y han amenazado con tomar represalias comerciales si Canadá sigue adelante con su implementación.
La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, ha señalado que el impuesto no se implementaría si se ratificara un tratado fiscal global a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero hasta ahora Estados Unidos no ha ratificado dicho tratado. Canadá ha seguido adelante con el impuesto debido a la falta de implementación del acuerdo global.
El impuesto sobre los servicios digitales de Canadá se espera que genere aproximadamente 7.2 mil millones de dólares canadienses en ingresos durante cinco años fiscales. Este impuesto se alinea con medidas similares adoptadas por otros países como el Reino Unido, Francia, Italia y España. La implementación de este impuesto fue reportada inicialmente por el Wall Street Journal.
Funcionarios estadounidenses, incluidos la representante comercial Katherine Tai y miembros del Congreso, han advertido repetidamente que la implementación de este impuesto desencadenaría represalias comerciales de Washington. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha argumentado que el impuesto digital de Canadá contraviene las obligaciones de Ottawa bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) y la Organización Mundial del Comercio.
El Consejo Empresarial de Canadá ha instado al gobierno a reconsiderar esta decisión, advirtiendo que esta medida unilateral pone al país en riesgo de acciones comerciales retaliatorias por parte de Estados Unidos, su socio comercial más importante. A pesar de estas advertencias, el gobierno canadiense ha decidido seguir adelante con la implementación del impuesto.