THE LATIN VOX (15 de septiembre de 2025).- Por Daniela Medina.
En una coyuntura política marcada por tensiones entre el gobierno provincial de Alberta y el federal, el exprimer ministro de la provincia, Jason Kenney, ha vuelto al centro del debate al criticar fuertemente la aplicación de la Alberta Sovereignty Within a United Canada Act (Ley de Soberanía de Alberta dentro de un Canadá Unido), impulsada por la primera ministra Danielle Smith. Kenney sostiene que esta ley amenaza el estado de derecho, la economía provincial y la unidad constitucional de Canadá.
Antecedentes: origen y contenido de la ley de soberanía
- La Ley de Soberanía de Alberta fue aprobada el 8 de diciembre de 2022 por la Asamblea Legislativa de Alberta con el nombre oficial “Alberta Sovereignty Within a United Canada Act”.
- Su propósito declarado es permitir que Alberta rechace o no ejecute leyes federales o políticas que considere inconstitucionales o perjudiciales para los intereses provinciales. Se espera que esta facultad proteja a la provincia frente a regulaciones sobre cambio climático, control de armas, mandatos de salud pública, regulaciones ambientales, entre otros.
- En su versión original, la ley incluía poderes muy amplios para el gabinete provincial (que algunos compararon con los llamados Henry VIII powers, es decir, facultad de modificar leyes sin pasar por el Parlamento), pero esos artículos fueron modificados antes de la aprobación final.
Qué dice Jason Kenney
Kenney, líder antiguo del Partido Conservador Unido de Alberta y ex primer ministro provincial, ha emitido críticas severas hacia la ley y hacia su uso por parte del gobierno de Danielle Smith:
- Riesgo al estado de derecho y constitucionalidad
Kenney considera que la ley puede socavar seriamente los principios fundamentales de la Constitución canadiense. Al permitir que una provincia decida unilateralmente qué leyes federales ejecutar o no, se abren espacios para conflictos legales, arbitrariedades o interpretaciones que podrían contravenir los derechos garantizados a todos los ciudadanos. - Efectos económicos y político-sociales negativos
El exmandatario advierte que la incertidumbre sobre si ciertas regulaciones federales serán aplicadas puede ahuyentar inversiones y talento. Las empresas buscan certidumbre regulatoria; la ley de soberanía, según Kenney, puede generar riesgo en sectores energéticos, en industrias vinculadas al petróleo y gas, y en relaciones interprovinciales. - Unidad nacional en juego
Para Kenney, aunque la ley tiene la formulación de “dentro de un Canadá unido”, su puesta en práctica podría erosionar la idea de federación funcional. Señala que introducir actos legales que permitan ignorar mandatos federales puede alimentar el separatismo, aumentar la tensión entre provincias y socavar la confianza en instituciones federales.
Argumentos a favor y el contexto de apoyo
A pesar de las críticas, la Ley cuenta con respaldo entre ciertos sectores políticos y sociales de Alberta, motivado por varias razones:
- Sensación de “injerencia federal”: Muchos albertense sienten que el gobierno federal impone regulaciones que afectan directamente la economía provincial, especialmente la industria energética (petróleo, gas, minería), y que esas regulaciones no siempre consideran las características particulares de Alberta (clima, geografía, dependencia de ciertos sectores).
- Alienación regional (“Western alienation”): Hay un sentimiento persistente en Alberta de que “el Oeste” de Canadá (las provincias del oeste) han sido históricamente menospreciadas o reguladas por el centro (Ottawa, Ontario, Quebec). La Ley de Soberanía se enmarca en esta narrativa: como una defensa legal de derechos provinciales, una reivindicación de autonomía frente a lo que se percibe como sobrerregulación.
- Populismo y política electoral: Algunos análisis políticos interpretan que la Ley de Soberanía tiene también un uso estratégico electoral, como forma de movilizar la base conservadora de Alberta, destacando diferencias con el gobierno federal, y diferenciándose de otros partidos provinciales como el NDP (Nuevo Partido Democrático).
Críticas y riesgos legales
- Constitucionalidad incierta: Expertos en derecho constitucional han señalado que muchos de los términos de la ley (“daños”, “inconstitucionalidad”) son demasiado generales o subjetivos, lo que podría generar litispendencia masiva y demandas judiciales. Se espera que los tribunales canadienses sean quienes decidan, en última instancia, qué tan lejos puede llegar una provincia al no ejecutar leyes federales.
- Impacto en derechos de minorías e indígenas: Se han planteado preocupaciones de que sin un marco claro de quién define cuando algo es “dañino” o “inconstitucional”, los derechos garantizados en tratados con pueblos indígenas podrían verse afectados si las provincias ignoran leyes federales vinculadas a derechos humanos o protección ambiental que benefician o protegen comunidades indígenas.
- Incertidumbre económica: Tanto para inversores como para empresas locales, la inseguridad jurídica puede ser costosa. Sopesar regulaciones conflictivas, decisiones variables, riesgo de sanciones legales o de no cumplimiento de normas federales puede llevar a retracciones de inversión, aumento de costos operativos y dudas en planificación a largo plazo.
- Tensión política interna: Aunque la Ley ha sido promulgada por el UCP, no todos los miembros dentro del mismo partido la apoyan con igual convicción. Además, la oposición provincial la critica con fuerza, y la ciudadanía albertense parece dividida, según encuestas.
Panorama actual: ¿dónde está ahora la Ley y cómo se ha usado?
- Desde su aprobación, algunos elementos de la Ley han sido activados, por ejemplo para rechazar ciertos mandatos federales de regulación de emisiones de carbono o normativas energéticas.
- Sin embargo, muchos de los desafíos legales aún no han sido resueltos en cortes. El gobierno provincial ha tenido que maniobrar con versiones de regulaciones federales para encontrar cuáles puede resistir y cuáles debe acatar hasta que un tribunal lo decida.
- La implementación práctica de la Ley requiere que la Asamblea Legislativa identifique formalmente qué leyes federales considera no aplicables o “dañinas”. Solo entonces puede instruirse a organismos provinciales para no aplicarlas o para oponerse legalmente. Esto genera un proceso político, legislativo y jurídico complejo.
Implicaciones más amplias
En el federalismo canadiense
La Ley de Soberanía de Alberta es uno de los casos más visibles de tensiones constitucionales entre un gobierno provincial y el federal en décadas recientes. Cómo se resuelvan estos conflictos podría sentar precedentes para:
- Otras provincias que consideren que ciertas políticas federales invaden competencias provinciales.
- La manera en que los tribunales canadienses interpreten la distribución de poderes entre Ottawa y las provincias, sobre todo en temas de cambio climático, salud pública, derechos indígenas y jurisdicción ambiental.
En política interna albertense
- El UCP, bajo el liderazgo de Danielle Smith, ha utilizado la ley como bandera política. Fortalece su imagen entre electores que sienten que la voz de Alberta está siendo ignorada o que los recursos naturales provinciales están sometidos a regulaciones externas.
- Aumenta la polarización política interna: quienes apoyan la ley la ven como afirmación de derechos provinciales; quienes se oponen temen que fuerce conflictos constantes, incertidumbre legal y dañe la cohesión social.
En economía, inversión y sociedad civil
- Riesgo de que empresas nacionales o internacionales eviten proyectos en Alberta por la percepción de posible conflicto con regulaciones federales o por la posibilidad de no existir reglas claras y estables.
- Movilización de organizaciones civiles, organizaciones indígenas, cámaras de comercio, que insisten en protecciones legales, transparencia, ponderación de derechos constitucionales y establecimiento de mecanismos claros y previsibles.
La Ley de Soberanía de Alberta representa algo más que una pieza legislativa: es un síntoma de tensiones profundas en el Canadá contemporáneo. Tensiones sobre cómo equilibrar la autonomía provincial y los intereses federales, cómo manejar el cambio climático, los recursos, y cómo asegurar que los ciudadanos de una provincia no se sientan atrapados entre regulaciones que consideran injustas o perjudiciales.
Jason Kenney, al volver a la palestra criticando esta ley, evidencia que la oposición política albertense sigue viva y que el debate sobre soberanía, constitucionalidad y federalismo canadiense está lejos de cerrarse. Ya no se trata solo de leyes, sino de narrativas: de identidad provincial, de confianza institucional, de expectativas ciudadanas.
Para los observadores internacionales, este conflicto ofrece una lección clara: en federaciones grandes y diversas, las leyes que parecen técnicas pueden transformarse en símbolos poderosos. Y cómo se resuelvan esas disputas por la distribución de poder entre niveles de gobierno determinará en buena medida la estabilidad política, económica y social en los años por venir.
Fuente:www.cbc.ca
Foto: www.thecanadianpressnews.ca