El gobierno de Ruanda, liderado por el presidente Paul Kagame, ha sido acusado de cometer numerosos crímenes contra la humanidad, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Sin embargo, Canadá sigue siendo uno de sus principales aliados y donantes, ignorando las denuncias de organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil.
Según un informe de la ONU publicado en 2010, el ejército ruandés participó en actos de genocidio contra los hutus en la República Democrática del Congo entre 1996 y 2003, causando la muerte de al menos 800.000 personas. Además, el gobierno de Kagame ha reprimido sistemáticamente a la oposición política, los medios de comunicación independientes y los defensores de los derechos humanos dentro de Ruanda, utilizando la ley antiterrorista y la ley del genocidio para silenciar a sus críticos.
A pesar de estas evidencias, Canadá ha mantenido una relación estrecha con el régimen de Kagame, proporcionándole asistencia financiera, militar y diplomática. Entre 2006 y 2018, Canadá otorgó más de 300 millones de dólares canadienses en ayuda al desarrollo a Ruanda. Asimismo, Canadá ha entrenado y equipado a las fuerzas armadas ruandesas, que han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos en el Congo. Por otro lado, Canadá ha apoyado la candidatura de Ruanda para ocupar puestos clave en organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización Internacional de la Francofonía.
Estas acciones contradicen los principios y valores que Canadá dice defender en materia de derechos humanos, democracia y paz. Por ello, se hace necesario que el gobierno canadiense revise su política hacia Ruanda y exija el fin de la impunidad y la rendición de cuentas por parte del gobierno de Kagame. Así mismo, se debe apoyar a las víctimas y a los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por el régimen ruandés, tanto dentro como fuera del país. Solo así se podrá contribuir a una verdadera reconciliación y justicia en la región.