En un caso judicial que ha captado la atención nacional, abogados del gobierno federal de Canadá han argumentado que el país no tiene una obligación legal de proporcionar agua limpia a las comunidades de las Primeras Naciones. Este argumento se presentó en el Tribunal Federal en respuesta a una demanda colectiva presentada por la Primera Nación Shamattawa, ubicada en el norte de Manitoba, que ha estado bajo una advertencia de hervir el agua desde 2018.
La demanda, iniciada en 2022, busca un fallo que establezca que Canadá tiene el deber legal de garantizar que las Primeras Naciones tengan acceso a agua potable. Los demandantes argumentan que las Primeras Naciones tienen un derecho humano básico al agua limpia, un derecho que Canadá ha violado, describiendo las condiciones en sus comunidades como una “crisis urgente de derechos humanos”.
En su declaración de defensa, los abogados de Justicia Canadá sostienen que el gobierno apoya la entrega de agua potable a las Primeras Naciones como una decisión política discrecional, calificándola como “una cuestión de buen gobierno en lugar de un deber legal”. “Canadá no tiene ninguna obligación o deber legal de operar y mantener los sistemas de agua de los demandantes”, dice la declaración de defensa.
La Primera Nación Shamattawa y su jefe, Jordna Hill, están persiguiendo el caso en nombre de todos los miembros de las Primeras Naciones en todo el país cuyas comunidades estuvieron sujetas a una advertencia de agua potable en vigor el 20 de junio de 2020 o después de esa fecha. La abogada Alana Robert, que representa a Shamattawa y Hill, expresó la frustración de tener que luchar nuevamente por un derecho humano tan básico.
Este caso se produce después de que el gobierno federal llegara a un acuerdo de casi 8 mil millones de dólares en una demanda anterior relacionada con el agua potable en las reservas de las Primeras Naciones. Sin embargo, 59 Primeras Naciones han optado por participar en el caso actual, mientras que los miembros individuales de las Primeras Naciones serían incluidos automáticamente si cumplen con los criterios requeridos.
El caso ha generado un debate significativo sobre los derechos de las Primeras Naciones y las responsabilidades del gobierno. Mientras que los ministros liberales han sugerido públicamente que el gobierno tiene la obligación de proporcionar agua limpia, los abogados de Justicia Canadá argumentan lo contrario en el tribunal. Este contraste ha llevado a una mayor atención sobre la cuestión de los derechos humanos y la justicia para las comunidades indígenas en Canadá.
La situación ha sido descrita como una violación flagrante de los derechos humanos por parte del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, quien visitó Canadá y expresó su preocupación por la marginalización de las Primeras Naciones en las reservas. Arrojo-Agudo destacó que las advertencias de agua potable a largo plazo en las reservas de las Primeras Naciones son “brechas flagrantes del derecho humano al agua potable segura”.
Este caso judicial no solo busca justicia para las comunidades afectadas, sino que también pone de relieve la necesidad de un cambio sistémico en la forma en que Canadá aborda los derechos y las necesidades de las Primeras Naciones. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para el futuro de las políticas de agua potable en Canadá y para la relación entre el gobierno y las comunidades indígenas.