THE LATIN VOX (09 de Diciembre de 2025).- Por Daniela Medina
El gobierno federal de Canadá, encabezado por Mark Carney, anunció este diciembre de 2025 que prepara una política de “vuelta a la oficina” para los empleados públicos, abriendo un nuevo capítulo en la organización del servicio civil tras años de modelos híbridos y teletrabajo.
Durante un evento con autoridades empresariales en Ottawa, Carney indicó que en las próximas semanas su administración definirá con claridad cuántos días a la semana los funcionarios deberán trabajar presencialmente, planteando que esos requisitos dependerán del rol, la antigüedad y la capacidad operativa de cada departamento.
El anuncio se da en un contexto de ajustes al servicio público: Carney defendió que la estructura estatal creció “a un tamaño insostenible” en la última década, y adelantó que algunas reducciones de personal vendrán mediante jubilaciones, “retiros anticipados” u “otros ajustes”.
Un giro en la dirección del empleo público: ¿por qué este retorno?
• Corte al teletrabajo generalizado
Tras la pandemia de COVID-19, muchos funcionarios pasaron a un sistema de trabajo híbrido o remoto. Hasta septiembre de 2024, la norma federal exigía al menos tres días en oficina por semana (cuatro para ejecutivos).
Pero ahora, la administración de Carney considera necesario “ajustar” ese modelo. Su lógica: los servicios públicos deben recuperar una “cultura institucional” basada en la presencia física, colaboración directa, mentoría y eficiencia.
• Reducción y reorganización del aparato estatal
Carney advirtió que el sistema público creció excesivamente y que el nuevo plan de presencialidad vendrá acompañado de recortes graduales: muchos empleados podrían salir por jubilación o reestructuraciones. Esto apunta a una reducción del tamaño del Estado, bajo la premisa de eficiencia.
• Un contexto de presión fiscal y cambios laborales
La propuesta surge en paralelo a ajustes presupuestarios y recortes anunciados en 2025, lo que ha generado preocupación entre sindicatos y trabajadores, ya de por sí inquietos por rumores de despidos o reubicaciones.
Primeras reacciones: incertidumbre, críticas y esperanzas divididas
Las respuestas al anuncio han sido variadas:
- Representantes sindicales expresaron preocupación: temen que un retorno obligatorio a la oficina acelere despidos, dificulte conciliación y ignore las lecciones de productividad que muchos funcionarios vieron durante el teletrabajo.
- Para el gobierno, en cambio, la medida se presenta como necesaria para “modernizar” la administración pública, mejorar la coordinación entre departamentos y garantizar un servicio más sólido y eficiente.
- Desde el ámbito político, algunos sectores apoyan la idea, argumentando que el teletrabajo extendido aunque necesario en pandemia ha debilitado el sentido de pertenencia institucional, la supervisión, y complicado la formación de nuevos empleados. Pero otros advierten que la medida podría generar fuga de talentos si empleados con exigencias de conciliación optan por abandonar sus cargos.
En una encuesta reciente, una mayoría moderada de canadienses expresó simpatía con una política de oficina más estricta para funcionarios aunque ese apoyo baja notablemente entre empleados públicos, lo que evidencia un descontento latente dentro del propio servicio civil.
Escenarios posibles: ¿qué puede implicar este cambio para el Estado y la ciudadanía?
Este giro no es meramente administrativo puede tener efectos profundos:
- Reorganización del tamaño del Estado: si se opta por recortes mediante jubilaciones y otros ajustes, podría reducirse el número de empleados públicos, lo que implicará reestructuraciones internas y probablemente mayor carga de trabajo para quienes permanezcan.
- Impacto en la prestación de servicios: la presencialidad puede mejorar coordinación y atención directa, pero depende de que sectores con funciones esenciales logren adaptarse al nuevo modelo sin perder eficiencia.
- Fuga de talento y movilidad laboral: funcionarios que valoran la flexibilidad podrían dejar sus cargos, lo que obligaría al Estado a modernizar oficinas, ofrecer incentivos o aceptar pérdida de experiencia.
- Renovación institucional: la medida podría verse como un intento de “resetear” la burocracia, redefinir procesos, reforzar supervisión y retomar valores institucionales tradicionales, con todos los riesgos y tensiones que ello implica.
Conclusión: un experimento de retorno al pasado o un paso hacia una nueva normalidad
La decisión del gobierno de Mark Carney de redefinir la presencialidad en la administración pública canadiense representa un cambio significativo. No se trata solo de pedir a los empleados que regresen a sus escritorios: podría marcar una reestructuración del Estado, una redefinición de su tamaño, su modo de operación y su relación con los ciudadanos.
Para muchos, el anuncio llega envuelto en promesas de eficiencia, orden y modernización. Pero para otros trabajadores, sindicatos, observadores críticos revela una apuesta arriesgada: priorizar estructura sobre flexibilidad, control sobre bienestar, tradición sobre adaptabilidad.
En los próximos meses veremos cómo se implementa la política, cómo reaccionan los empleados, y sobre todo, si esta “vuelta a la oficina” logra cumplir sus promesas de eficacia o si termina generando tensiones, desmotivación y pérdida de talento en un Canadá que, tras la pandemia, ya había reconfigurado su forma de trabajar.
Fuente: www.cbc.ca
Foto: Google fotos