THE LATIN VOX (5 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Decenas de ciudadanos canadienses se encuentran detenidos en centros de detención de ICE en Estados Unidos, sin cargos criminales graves, sin respuestas claras y, lo más alarmante, sin un camino definido hacia su liberación.
Lo que comenzó como trámites migratorios rutinarios para personas como Cynthia Olivera y Paula Callejas, se ha transformado en un drama legal que sus familias describen como una «pesadilla kafkiana».
Global Affairs Canada ha confirmado que alrededor de 55 canadienses están bajo custodia de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), aunque advierte que esa cifra varía constantemente. Lo que no varía, según familiares, es el trato inhumano, la burocracia paralizante y el limbo legal en el que se encuentran atrapados.
Citas truncadas y esposas en vez de entrevistas
Cynthia Olivera, nacida en Mississauga, Ontario, fue detenida en Los Ángeles durante lo que debía ser una simple entrevista para su solicitud de ciudadanía estadounidense. Su esposo, Frank Olvera, lo describe como una trampa: “Nos atrajeron con una cita de inmigración, y en lugar de eso, la esposaron y se la llevaron sin darnos oportunidad de hablar”. El motivo: un problema migratorio menor ocurrido hace más de dos décadas.
Paula Callejas, una empresaria de Montreal que buscaba expandir su línea de trajes de baño en Florida, fue arrestada tras ser acusada de una falta menor. A pesar de declararse no culpable, fue entregada a ICE y lleva más de tres meses detenida.
Sus familiares, que han tenido que asumir los costos legales en dos frentes —criminal e inmigratorio—, afirman no saber con certeza en qué centro se encuentra. “Nos dicen que está en El Paso, pero ICE no nos da información concreta”, dicen.
Ambas mujeres han sido trasladadas múltiples veces, lo que dificulta aún más el acceso a abogados y a condiciones dignas.
Entre la incertidumbre y el silencio institucional
El caso de Olivera es especialmente desconcertante: emigró con su familia a EE. UU. siendo niña y ha vivido allí más de 30 años. Solo cuando decidió regularizar su estatus legal, ICE la arrestó basándose en un incidente ocurrido en 1999, cuando fue inicialmente rechazada al intentar volver a EE. UU. desde Canadá mientras estaba embarazada.
«Estamos dispuestos a pagar el vuelo, a cubrir los costos del agente de ICE que la escolte a Canadá. Solo queremos que la deporten ya, para que pueda continuar su proceso desde su país», suplica Olvera.
Condiciones que rozan lo inhumano
Los testimonios sobre las condiciones dentro de los centros de detención son alarmantes: comida escasa o en mal estado, hacinamiento y frío extremo. “La tratan como a un animal”, denuncia Olvera. “A veces reciben comida caliente, otras no. Las llamadas están grabadas y ellas tratan de dar pistas sin decir demasiado”.
La familia de Callejas coincide: “Está desesperada. Ha renunciado al sueño americano. Solo quiere salir”.
Políticas migratorias más duras que nunca
Las detenciones ocurren en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump. Su administración ha ordenado que ICE incremente las detenciones a 3.000 por día, un aumento drástico comparado con las 650 diarias al inicio de su mandato.
Recientemente, Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitaron un nuevo centro de detención en Florida, apodado “Alcatraz del Caimán”.
Aunque la narrativa oficial insiste en que se busca a “delincuentes peligrosos”, los casos de Olivera y Callejas revelan otra realidad: detenciones arbitrarias, sin antecedentes penales serios, y con escasa transparencia.
Una fractura en la confianza
Olvera, un estadounidense de tercera generación que votó por Trump en busca de cambio, ahora dice sentirse traicionado. “Me da vergüenza ser estadounidense. Votan por mano dura y terminan persiguiendo a gente inocente como mi esposa”.
Como él, muchas familias enfrentan un dilema moral y emocional: la impotencia ante un sistema cerrado, y la frustración de ver cómo los derechos de sus seres queridos desaparecen en la maraña de ICE.
Un llamado a la acción diplomática
El gobierno canadiense, hasta ahora limitado en sus capacidades de intervención, ha dicho que está al tanto de los casos, pero las familias demandan más presión diplomática. «Queremos que Canadá haga más. Que alce la voz. No pueden quedarse de brazos cruzados mientras sus ciudadanos son tratados así», dijo un familiar de Callejas.
Para estas familias, la lucha sigue siendo no solo por la liberación de sus seres queridos, sino también por algo más fundamental: dignidad, justicia y humanidad en un sistema que, para muchos, ha dejado de tenerlas.
Crédito fotográfico: Charles Reed /AP