THE LATIN VOX (17 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Constructoras denuncian impagos millonarios en proyecto estrella apoyado con 15 mil millones de dólares por los gobiernos federal y provincial
El proyecto industrial más ambicioso de Canadá para liderar la transición hacia los vehículos eléctricos enfrenta ahora un escándalo que sacude sus cimientos: al menos cuatro empresas contratistas aseguran no haber sido pagadas por millones de dólares en trabajos realizados, y ya han llevado sus reclamos a los tribunales.
La planta de baterías NextStar Energy, fruto de una alianza entre la automotriz global Stellantis y LG Energy Solution de Corea del Sur, está siendo construida en Windsor, el corazón automotriz del país. La iniciativa ha sido presentada por Ottawa y la provincia de Ontario como emblema del futuro verde canadiense, respaldándola con más de $15 mil millones en incentivos y créditos fiscales.
Pero mientras los políticos celebran los avances, en el sitio de obra reina la tensión.
Demandas millonarias y caos en la construcción
La empresa canadiense Sylvan Canada presentó una demanda por $45 millones en julio, acusando a GModis, una compañía surcoreana contratada para supervisar la construcción, de una “mala gestión flagrante” que habría comprometido la seguridad del proyecto y provocado fallas costosas. Sylvan fue retirada abruptamente del proyecto en junio y tuvo que despedir a casi 200 trabajadores, según declaró su vicepresidente, Eric Farron.
«Intentamos resolverlo con diálogo y cooperación, pero no fueron recíprocos», lamentó Farron.
Sylvan asegura que no recibió planos ni materiales clave a tiempo, y que los documentos carecían de firmas de ingenieros registrados en Ontario, lo que viola las normativas locales de construcción.
La denuncia también acusa a GModis de causar «caos» en la coordinación, sin control de documentos ni planificación estructurada, lo que convirtió el proyecto en algo “ingobernable” para Sylvan.
No es un caso aislado
Otras constructoras locales han tomado caminos similares. Consult Mechanical Inc., de Vaughan, demanda $6.2 millones a una sucursal de CK Solution (otra firma surcoreana), alegando que le entregaron materiales defectuosos y que jamás recibió los planos ni el cronograma de obras.
En otra querella, RVR Concrete Inc. exige $11.6 millones por trabajos no remunerados y otros $24 millones en daños, argumentando que fue forzada a realizar vertidos de concreto en invierno bajo presión de tiempo, lo que resultó en defectos costosos. “RVR hizo los pisos y cimientos de la planta. Queremos que se nos pague por lo que hicimos”, dijo su presidente, Mario Liburdi.
¿Subsidios sin control?
El trasfondo de estas disputas preocupa no solo por el impacto económico local, sino porque se trata de un proyecto financiado masivamente con dinero público. Los gobiernos de Justin Trudeau y Doug Ford justificaron las ayudas como necesarias para competir con las inversiones de EE. UU. bajo la Ley de Reducción de Inflación de Joe Biden.
Sin embargo, los conflictos contractuales y la preferencia por firmas extranjeras, muchas con poca experiencia en construcción en América del Norte, han generado críticas sobre la supervisión del gasto.
Un caso emblemático es el de Jeil M&S Canada, filial de una empresa coreana que reclama más de $52 millones en pagos pendientes y ha impuesto una hipoteca legal sobre los terrenos de la planta, que son de propiedad municipal.
“El proyecto estaba bajo presión”
Para el abogado experto en construcción Geza Banfai, estas disputas no son extrañas en proyectos de esta escala. “Cuando hay cambios, retrasos o incumplimientos, cada parte protege sus márgenes y traslada responsabilidades a otros”, explicó. Aun así, reconoció que la magnitud de los litigios aquí es inusual.
Los tribunales deberán ahora decidir si estos millones deben salir de los bolsillos de las empresas privadas o si, indirectamente, parte del dinero público ya invertido terminará costeando demandas y sobrecostos.
Mientras tanto, NextStar sigue adelante
NextStar ha evitado comentar sobre los litigios en detalle, alegando que no es parte formal de varias demandas. En un comunicado, la empresa aseguró que la construcción sigue en marcha y que la producción de celdas de batería comenzará este mismo año. También destacó que ya ha contratado a 900 empleados y mantiene su compromiso con la región.
Pero los problemas legales son solo una parte del debate más amplio sobre el modelo de industrialización verde que Canadá está adoptando: ¿cuánto control tiene realmente el país sobre proyectos financiados con miles de millones de dólares si los principales actores y contratistas vienen del extranjero?
La respuesta aún está en construcción — al igual que la planta de baterías.
Fuente: CBC News
Crédito fotográfico: Radio Canada