China ha respondido con firmeza a las críticas internacionales sobre la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong, calificando las acusaciones de “calumnias”. La ley, conocida como Artículo 23, fue aprobada por los legisladores de Hong Kong el martes, lo que provocó una ola de críticas por sus efectos anticipados en las libertades fundamentales de la ciudad bajo el dominio chino.
El Artículo 23, que sigue a una ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020, castiga una serie de delitos, incluyendo traición, sabotaje, sedición, robo de secretos de estado, interferencia externa y espionaje, con penas que van desde varios años hasta cadena perpetua. Las nuevas medidas, diseñadas para cubrir “lagunas” en la legislación de Pekín, según el líder de Hong Kong, John Lee, han desencadenado condenas de todo el mundo, lo que ha llevado a China a contraatacar.
“China expresa una fuerte insatisfacción y firme oposición a ciertos países e instituciones que calumnian y difaman las regulaciones de seguridad nacional de Hong Kong”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una conferencia de prensa el miércoles.
El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, expresó su preocupación el martes sobre el proceso legislativo acelerado, en lo que él llamó un proceso “apresurado” para una ley que “dañará aún más los derechos y libertades” en la ciudad, una ex colonia británica antes de la entrega a China en 1997.
La ley ha sido aprobada de manera unánime en el parlamento de Hong Kong, libre de oposición, después de un proceso legislativo inusualmente corto de 12 días y un limitado período de consulta pública de solo un mes. Las autoridades afirmaron que la gran mayoría de las respuestas del público fueron positivas y desestimaron muchas de las presentaciones negativas como provenientes de “organizaciones anti-China en el extranjero” o fugitivos.
El embajador de China en los EE. UU., Liu Pengyu, defendió la nueva ley, diciendo que estaba dirigida solo a “una pequeña minoría de individuos que están involucrados en delitos que ponen seriamente en peligro la seguridad nacional”. “Las actividades normales de instituciones, empresas y personal extranjero estarán completamente protegidas”, dijo, calificando la crítica de EE. UU. como injusta porque también tiene muchas leyes de seguridad nacional internas.