En un giro que marca el fin de la autonomía prometida, China ha impuesto una serie de medidas represivas en Hong Kong, sellando efectivamente el destino de la región como un estado fallido. La reciente aprobación del artículo 23, una ley de seguridad nacional, ha eliminado las libertades fundamentales que una vez disfrutaron los ciudadanos de Hong Kong, llevando a la ciudad a un estado de sumisión bajo la ideología y la mentira.
El presidente Xi Jinping, en una maniobra que ha sido criticada internacionalmente, ha finalizado la historia de éxito, aunque imperfecta, de Hong Kong como un centro financiero y cultural vibrante. La legislación, pasada apresuradamente, ha sido vista como un castigo y una traición a los acuerdos previos con el Reino Unido, que garantizaban la autonomía de Hong Kong bajo el principio de «un país, dos sistemas» por al menos 50 años después de la transferencia de soberanía en 1997.
La represión ha alcanzado nuevos niveles de paranoia, con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, respaldando las leyes como una forma de detener supuestas actividades de espionaje y la infiltración de «fuerzas enemigas». Esta retórica ha llevado a la realidad de que los ciudadanos comunes enfrentan penas de prisión perpetua por expresar sus opiniones.
La comunidad internacional ha condenado estas acciones como una violación flagrante de la fe puesta en China, que había prometido respetar la autonomía y las libertades de Hong Kong. Este acto de represión ideológica no solo ha aplastado la historia de éxito de Hong Kong, sino que también ha expuesto la palabra de China como indigna de confianza, poniendo fin a la esperanza de un futuro próspero y libre para la ciudad.