THE LATIN VOX (2 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un fallo histórico que sacude los cimientos del poder político en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de arresto domiciliario tras ser hallado culpable de manipulación de testigos y fraude procesal.
Es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado por un delito y sentenciado judicialmente, un hito sin precedentes en el país andino.
Uribe, de 73 años, fue presidente entre 2002 y 2010 y moldeó la política colombiana durante dos décadas con su discurso de mano dura contra las guerrillas y el narcotráfico. Aunque ha sido una figura profundamente polarizante, también ha mantenido una base de apoyo ferviente y sigue siendo uno de los líderes más influyentes del conservadurismo colombiano.
Del poder al banquillo
El fallo judicial, que será anunciado oficialmente este viernes, es el desenlace de un proceso iniciado en 2018 que ha atravesado intentos de cierre, giros inesperados y una intensa presión política. Más de 90 testigos declararon durante el juicio, que comenzó formalmente en mayo de 2024.
La fiscalía presentó pruebas de que Uribe habría contactado a paramilitares para que alteraran su testimonio y lo desvincularan de nexos con grupos armados ilegales.
Uno de esos testigos, un exparamilitar, declaró que recibió presiones directas para cambiar su versión. El tribunal también lo halló culpable de fraude procesal, agravando su situación jurídica.
Pese a la sentencia, Uribe niega todas las acusaciones y ha calificado el proceso como una “venganza política”. Sus abogados han confirmado que apelarán el fallo.
Un expresidente entre la popularidad y la sombra
Uribe fue el arquitecto de una ofensiva militar sin tregua contra las FARC, recibió amplio apoyo de Washington y consolidó una reputación de líder fuerte. Pero sus críticos lo han acusado de tolerar —cuando no colaborar activamente— con grupos paramilitares de ultraderecha que cometieron masacres y crímenes de lesa humanidad.
Durante su mandato presidencial, el país también fue sacudido por el escándalo de los “falsos positivos”: al menos 6.000 civiles ejecutados extrajudicialmente por el Ejército, presentados como guerrilleros muertos en combate. Una denuncia vinculada a esos hechos ha sido presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, lo que podría abrir otro frente judicial internacional.
Tensiones políticas e internacionales
La condena ha generado reacciones encontradas en Colombia y más allá. Mientras un pequeño grupo de seguidores se reunió frente al tribunal gritando “¡Uribe inocente!”, otros sectores celebraron lo que ven como un paso hacia la justicia y el fin de la impunidad.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio —un aliado de Uribe y figura del ala dura republicana— condenó el proceso judicial como un acto de “politización de la justicia” por parte de jueces “radicales”, aunque no presentó evidencia alguna.
La fiscal general actual, Luz Camargo, designada por el presidente Gustavo Petro —un antiguo guerrillero del M-19 y acérrimo rival de Uribe—, reactivó con fuerza la causa que sus antecesores habían intentado cerrar. El trasfondo político es ineludible, pero la solidez del caso ha sido defendida por juristas de diversas tendencias.
¿Un antes y un después?
La condena de Uribe plantea interrogantes profundos para Colombia. ¿Puede un país enfrentar a sus figuras más poderosas sin que el proceso sea visto como una vendetta? ¿Está la justicia dispuesta a ir hasta el final, incluso con personajes históricos?
Lo cierto es que el legado de Álvaro Uribe, venerado por algunos como salvador de la patria y señalado por otros como artífice del horror, ya no se puede leer sin considerar este fallo. La historia ha girado, y con ella, la percepción de un hombre que durante años pareció intocable.
Crédito fotográfico: BBC