En un giro significativo de los acontecimientos, la Corte Suprema de Brasil ha ordenado la suspensión de la plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, después de que la empresa no cumpliera con el plazo establecido para nombrar un representante legal en el país. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien ha estado en una prolongada disputa con Musk sobre cuestiones de cumplimiento legal y libertad de expresión.
El conflicto comenzó cuando de Moraes exigió que X nombrara un representante legal en Brasil, una medida que la empresa no ha cumplido desde principios de agosto. El juez había advertido a Musk que la plataforma podría ser bloqueada en Brasil si no se cumplía con su orden en un plazo de 24 horas. La falta de cumplimiento llevó a de Moraes a emitir una orden de suspensión, argumentando que Musk había mostrado un “total desprecio por la soberanía brasileña y, en particular, por el poder judicial”.
La suspensión de X en Brasil es un golpe significativo para la plataforma, que ha luchado por mantener a sus anunciantes desde que Musk adquirió la antigua Twitter en 2022. Según el grupo de investigación de mercado Emarketer, aproximadamente 40 millones de brasileños, alrededor de una quinta parte de la población, acceden a X al menos una vez al mes.
En respuesta a la orden de suspensión, X publicó en su página oficial de Asuntos Gubernamentales Globales que esperaba ser cerrada por de Moraes “simplemente porque no cumpliríamos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”. La empresa también afirmó que cuando intentaron defenderse en los tribunales, el juez de Moraes amenazó con encarcelar a su representante legal en Brasil, quien posteriormente renunció y vio sus cuentas bancarias congeladas.
El enfrentamiento entre Musk y de Moraes ha sido intenso, con Musk describiendo al juez como un dictador y un tirano en múltiples ocasiones en su plataforma. De Moraes, por su parte, ha defendido sus acciones como legales y necesarias para proteger la democracia en un momento en que está en peligro.
La orden de suspensión también incluye directrices para los proveedores de servicios de internet y las tiendas de aplicaciones, quienes tienen cinco días para bloquear el acceso a X. Además, se impondrán multas diarias de 50,000 reales (aproximadamente $8,900) a las personas o empresas que utilicen redes privadas virtuales (VPN) para acceder a la plataforma.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de la plataforma X, ya que plantea preguntas sobre la capacidad de las empresas tecnológicas para operar en diferentes jurisdicciones y cumplir con las leyes locales. La situación también subraya las tensiones entre la libertad de expresión y la regulación gubernamental en la era digital.
La Corte Suprema de Brasil aún no ha fijado una fecha para deliberar sobre el caso en su totalidad, pero se espera que la decisión de de Moraes sea revisada por el pleno del tribunal. Mientras tanto, la suspensión de X en Brasil sigue siendo un tema candente, con implicaciones significativas para la empresa y sus usuarios en el país.