THE LATIN VOX (28 de Junio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
En una decisión que reconfigura el equilibrio de poderes en Estados Unidos, la Corte Suprema limitó drásticamente la capacidad de los jueces federales para bloquear políticas presidenciales en todo el país, dando un paso decisivo en favor del presidente Donald Trump y su polémico intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento.
El fallo, aprobado por seis votos contra tres, reduce el alcance de las injunctions nacionales – órdenes judiciales que suspendían políticas del gobierno federal en todos los estados – y restringe su aplicación únicamente a los demandantes directos del caso.
Aunque la Corte no se pronunció sobre la legalidad del decreto de Trump que busca restringir la ciudadanía a hijos de inmigrantes sin estatus legal, sí debilitó uno de los principales frenos legales que impedían su implementación.
“Es un gran triunfo”, celebró Trump desde la Casa Blanca. “Podemos avanzar con políticas que fueron injustamente bloqueadas por jueces activistas. El sistema fue diseñado para proteger a los ciudadanos, no para ser manipulado por quienes vienen solo a tener bebés en suelo estadounidense”.
¿Qué cambia con este fallo?
Hasta ahora, un solo juez de distrito podía detener, de manera temporal, una política federal en todo el país. Bajo la nueva doctrina avalada por la Corte Suprema, esa capacidad queda limitada: solo los demandantes que participen en la causa judicial estarán protegidos.
Esto tiene implicaciones inmediatas en el caso Trump v. Casa Inc., donde organizaciones como CASA y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) buscan frenar la orden ejecutiva de Trump que eliminaría la ciudadanía automática a niños nacidos en EE. UU. de padres sin residencia legal. El fallo no permite aplicar la orden aún, pero abre la puerta a su aplicación parcial en estados que no hayan emitido bloqueos judiciales.
Una reacción legal en tiempo récord
Los grupos demandantes ya han reaccionado. CASA solicitó con urgencia a un juez en Maryland que bloquee la orden ejecutiva, mientras alistan una nueva demanda como acción colectiva, para que el amparo se extienda a todas las personas embarazadas y niños nacidos en EE. UU. cuyos padres carecen de estatus permanente.
“Estamos ante tiempos aterradores, pero no indefensos”, afirmó George Escobar, director de programas de CASA. “Seguimos luchando porque sabemos que cuando lo hacemos, ganamos”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la decisión de la Corte como una “autorización peligrosa” para que el gobierno aplique una política ilegal y discriminatoria contra personas sin recursos para demandar.
Duras críticas desde la Corte
La jueza liberal Ketanji Brown Jackson emitió una disidencia contundente:
“Esta decisión permite al Ejecutivo violar la Constitución frente a quienes aún no han podido demandar. Es una amenaza existencial al Estado de derecho.”
Su colega Sonia Sotomayor fue aún más directa, calificando el fallo como “una burla a la justicia”.
El principio de ciudadanía por nacimiento, protegido por la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868, se estableció tras la guerra civil para garantizar que todos los nacidos en suelo estadounidense sean ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Desde el histórico caso Wong Kim Ark (1898), esa garantía no había sido cuestionada de forma seria hasta ahora.
Un temor creciente entre familias inmigrantes
El fallo ha intensificado el clima de miedo entre muchas familias. Liza, una madre rusa que demandó a la administración y que recientemente dio a luz a un niño ciudadano, compartió su angustia:
“Nos sigue preocupando que el gobierno pueda intentar quitarle la ciudadanía a nuestro bebé. Este decreto nos hizo sentir como si nuestro hijo no tuviera derecho a existir aquí.”
El temor es palpable: madres embarazadas, refugiados, y familias que viven legalmente bajo visas temporales ahora enfrentan una nueva era de incertidumbre legal.
¿Qué viene ahora?
Aunque la Corte no habilitó de inmediato la entrada en vigor de la orden ejecutiva, sí autorizó al gobierno a buscar su aplicación estado por estado. La implementación parcial podría comenzar en 30 días, a menos que nuevas demandas tengan éxito.
“Luchamos una guerra civil por esto”, recordó Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey. “La ciudadanía por nacimiento ha sido la ley durante 150 años. No se puede eliminar por decreto.”
Claves del fallo
- La Corte Suprema limitó el uso de bloqueos judiciales nacionales.
- No se pronunció sobre la legalidad de negar ciudadanía por nacimiento.
- La orden ejecutiva de Trump solo podrá ser bloqueada por demandas individuales o colectivas.
- La aplicación parcial de la política podría comenzar 30 días después del fallo.
- El debate ahora gira en torno a la separación de poderes y la autoridad judicial.
Lo que está en juego no es solo la ciudadanía de miles de niños, sino la capacidad del poder judicial de poner freno a decisiones del Ejecutivo. En un año electoral y con un presidente decidido a expandir su autoridad, el fallo de la Corte Suprema marca un antes y un después en la historia constitucional de Estados Unidos.
Crédito fotográfico: Nathan Howard/Reuters