THE LATIN VOX (22 de noviembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder militar de Hamas, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la guerra en Gaza. Esta es la primera vez en la historia de la corte que se procesan a líderes de un estado democrático y alineado con Occidente, lo que marca un hito en sus 22 años de existencia.
El tribunal, compuesto por tres jueces, argumentó que existían razones suficientes para creer que Deif era responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinatos, tortura, violación y toma de rehenes, como parte del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. En ese ataque, combatientes de Hamas mataron a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles israelíes, y secuestraron a 250.
La emisión de las órdenes de arresto ha generado una fuerte condena de parte de Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, calificó la decisión de “escandalosa”. “Déjenme ser claro una vez más: no hay equivalencia, ninguna, entre Israel y Hamas. Siempre estaremos con Israel frente a las amenazas a su seguridad”, dijo Biden en una declaración pública.
El gobierno de Netanyahu respondió calificando las acusaciones como “antisemitas” y rechazó rotundamente las decisiones de la CPI. A través de un comunicado, aseguraron que “Israel rechaza absolutamente las falsas y absurdas acusaciones de la Corte Penal Internacional, un organismo político sesgado y discriminatorio”. Además, afirmaron que “ninguna guerra es más justa que la guerra que Israel ha librado en Gaza”.
En paralelo, Netanyahu aseguró en un mensaje en video que “ninguna decisión anti-Israel escandalosa nos impedirá, y no me impedirá, continuar defendiendo nuestro país de todas las formas posibles. No cederemos a la presión”.
A pesar de la indignación israelí, las órdenes de arresto podrían poner a Netanyahu y Gallant en riesgo de detención si viajan a alguno de los 124 países que firmaron el Estatuto de Roma que establece la jurisdicción de la CPI. Aunque Israel ha afirmado haber matado a Deif en un ataque aéreo en julio, la corte indicó que continuará recolectando información para confirmar su muerte.
Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant se basan en acusaciones de que ambos individuos son responsables de “crímenes de guerra de privación de alimentos como método de guerra, y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”. La corte también señaló que ambos habrían privado intencionalmente a la población civil de Gaza de artículos esenciales para su supervivencia, como alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad.
Este giro en los acontecimientos ha sido ampliamente respaldado por grupos de derechos humanos. Balkees Jarrah, directora asociada de justicia internacional en Human Rights Watch, destacó que las órdenes de arresto ayudarán a “romper la percepción de que ciertos individuos están fuera del alcance de la ley”. Además, enfatizó que el éxito de la CPI dependerá del compromiso de los gobiernos a apoyar la justicia, sin importar quién haya cometido los abusos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos expresó su rechazo fundamental a la decisión de la CPI, manifestando su preocupación por la rapidez con la que el fiscal Karim Khan solicitó las órdenes de arresto, además de señalar “errores procesales inquietantes” que habrían influido en la decisión, aunque no se especificaron detalles sobre esos errores.
La noticia llega en un momento de creciente presión internacional sobre el gobierno de Netanyahu, mientras Estados Unidos busca mediar en un alto el fuego entre Israel y Hamas. No obstante, la decisión de la CPI podría fortalecer políticamente a Netanyahu en Israel, donde muchos consideran que la corte está interfiriendo en los asuntos internos del país y rechazan su jurisdicción.
Mientras tanto, la CPI continúa con su investigación en Gaza, aunque Israel mantiene que no ha cometido crímenes de guerra y ha cuestionado la legitimidad de la corte. Las órdenes de arresto, aunque simbólicas, marcan un precedente histórico, reflejando el creciente interés por que se rindan cuentas por las atrocidades cometidas en el conflicto.
Crédito fotográfico: https://responsiblestatecraft.org/