THE LATIN VOX (27 de junio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Para miles de personas con discapacidad en Canadá, el Crédito Fiscal por Discapacidad (DTC, por sus siglas en inglés) representa una línea de vida económica. Pero detrás de la promesa de un alivio fiscal, se esconde una trampa burocrática y financiera que está generando alarma entre expertos, médicos y defensores de los derechos de las personas con discapacidad.
Kathy Meyers, residente de Port Coquitlam, en la provincia de Columbia Británica, vive con la enfermedad de Crohn, una condición que la ha llevado a estar hospitalizada por largos periodos, a someterse a una ileostomía, y a recibir pensión de discapacidad permanente.
Cuando se enteró de que podía obtener un reembolso del gobierno canadiense mediante el DTC, sintió un rayo de esperanza. Sin embargo, la realidad de enfrentar formularios extensos y coordinar con médicos resultó abrumadora.
Por eso recurrió a una empresa llamada True North Disability Services, que se especializa en gestionar solicitudes del DTC a cambio de un porcentaje de los fondos recuperados. Para el caso exitoso de su hijo de 14 años, True North cobró más de 7.600 dólares — el 20% del reembolso otorgado por la Agencia Tributaria de Canadá (CRA), más impuestos. Meyers aún espera una decisión sobre su propia solicitud, más de un año después de iniciarla.
Un sistema que favorece a las empresas, no a las personas
Según cifras oficiales de 2018, algunas empresas dedicadas al DTC cobran entre el 15% y el 40% del beneficio fiscal. Este modelo de contingencia —solo se paga si la solicitud tiene éxito— ha sido duramente criticado por expertos como la exministra Carla Qualtrough, quien lideró la creación del nuevo Beneficio por Discapacidad de Canadá (CDB), que comenzará a entregar pagos mensuales de 200 dólares a partir de julio.
«Estos beneficios se crearon para reducir la pobreza y ayudar a las personas a cubrir necesidades básicas. Pero miles de dólares terminan en manos de empresas privadas. Es desgarrador», expresó Qualtrough.
Auge en las solicitudes, y empresas al acecho
El CRA prevé que las solicitudes del DTC se tripliquen en los próximos cinco años, ya que obtener este crédito es el primer paso para recibir el CDB. Pero muchas personas con discapacidades no están al tanto de que existen alternativas gratuitas o de bajo costo para gestionar el trámite, y terminan contratando empresas como True North.
Aunque algunos clientes —como Kathy Johnson, de Blue River, B.C.— se declaran satisfechos con el servicio recibido, otros, como Leanne King, dicen sentirse estafados. “Gasté casi 4.000 dólares. No sabía que existían opciones gratuitas. Fue mucho dinero, y siento que se aprovecharon de mi vulnerabilidad”, confesó.
La burocracia médica: otra barrera para acceder al crédito
El proceso de solicitud exige un extenso formulario médico de 16 páginas que debe ser completado por profesionales de la salud, quienes muchas veces cobran por ese servicio. En el caso de Meyers, su médico facturó 150 dólares por cada formulario, una suma significativa para familias de bajos ingresos.
La Asociación Médica Canadiense y otros gremios han pedido simplificar el proceso. “Estos formularios quitan tiempo valioso que podríamos dedicar a pacientes que necesitan atención”, afirmó la Dra. Charlene Lui, presidenta de Doctors of B.C.
Aunque la CRA ha digitalizado el formulario desde 2023, muchas de las recomendaciones para facilitar su llenado —como aceptar notas médicas o formatos integrados en los registros clínicos— aún no se implementan.
Una reforma en pausa
El gobierno federal intentó limitar los honorarios de las empresas del DTC a 100 dólares, pero una demanda judicial presentada por True North y su fundador, Shane Nercessian, detuvo la medida. Según el fallo judicial, esta limitación dejaría a las empresas sin margen de operación, ya que sus servicios van más allá del simple llenado de formularios e incluyen asesoramiento tributario y apelaciones legales.
El juicio que definirá la legalidad de esta regulación está previsto para julio de 2026.
Mientras tanto, el Ministerio de Empleo y Familias ha destinado más de 23 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro para que ofrezcan asistencia gratuita, y otros 243 millones para eliminar los costos médicos asociados con completar las solicitudes.
Pero para personas como Meyers, la ayuda llegó tarde.
«Es un sistema diseñado para que uno fracase», dice con pesar. “Lo que debía ser un apoyo, terminó siendo una carga emocional y económica más.”
¿Beneficio o trampa?
El caso de Canadá refleja un dilema global: ¿cómo garantizar que los beneficios sociales realmente lleguen a quienes más los necesitan, sin ser absorbidos por intermediarios ni obstaculizados por trámites complejos?
Mientras el país avanza hacia una reforma de su sistema de apoyo a la discapacidad, queda claro que simplificar procesos y garantizar acceso equitativo es más que una cuestión de eficiencia: es una cuestión de justicia.
Crédito fotográfico: Getty Images