La política sanitaria en Alberta ha sido sacudida por un escándalo que ha desencadenado llamados urgentes para la destitución de la ministra de Salud, Adriana LaGrange. El ministro de Infraestructura, Peter Guthrie, ha solicitado a la primera ministra Danielle Smith que remueva a LaGrange de su cargo mientras se investigan graves acusaciones sobre contratos de salud.
Esta controversia surge en medio de una demanda por despido injustificado presentada por la exdirectora de Alberta Health Services (AHS), Athana Mentzelopoulos, quien alega haber sido destituida tras iniciar investigaciones sobre irregularidades en contratos médicos.
Mentzelopoulos ha denunciado que su salida de AHS fue consecuencia de sus esfuerzos por indagar en conflictos de interés y costos cuestionables en contratos con clínicas quirúrgicas privadas y con un proveedor médico involucrado en la compra de medicamentos infantiles por valor de 70 millones de dólares.
Estas denuncias han generado una tormenta política, llevando a Guthrie a emitir un memorándum en el que solicita acciones inmediatas, incluyendo la suspensión de Andre Tremblay, actual director ejecutivo interino de AHS y viceministro de Salud, hasta que concluyan las investigaciones.
El documento también insta a la plena cooperación del gobierno con la auditoría del auditor general Doug Wylie, así como el acceso a una auditoría forense independiente mencionada en la demanda de Mentzelopoulos. Guthrie enfatiza que cualquier hallazgo que indique actividad criminal debe ser entregado de inmediato a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).
A pesar de la creciente presión, la primera ministra Danielle Smith ha expresado su respaldo a LaGrange, afirmando que sigue teniendo «plena confianza en la ministra de Salud para continuar con su importante labor de reformar y reenfocar nuestro sistema de salud».
Smith ha prometido una investigación externa sobre las prácticas de contratación de AHS y ha designado a un alto funcionario para liderar la selección de una firma independiente que revise el caso.
Por su parte, LaGrange ha defendido su posición y ha declarado que algunas de las acusaciones en su contra son «claramente falsas», mientras que otras requieren una revisión más profunda por parte de los organismos competentes. Ha anunciado su intención de presentar una declaración de defensa en respuesta a la demanda de Mentzelopoulos.
Desde la oposición, el Nuevo Partido Democrático (NDP) y organizaciones como la Unión de Empleados Provinciales de Alberta y Amigos de Medicare han exigido la renuncia inmediata de LaGrange.
Argumentan que su permanencia en el cargo socava la transparencia y la confianza en la administración de la salud pública en la provincia.
La ministra de Medio Ambiente, Rebecca Schulz, ha salido en defensa de LaGrange, destacando la importancia de la estabilidad en el sector salud mientras se llevan a cabo las investigaciones. «Creo que la estabilidad es importante, pero también lo es la transparencia, y por eso la ministra LaGrange y la primera ministra han solicitado la intervención del auditor general», declaró Schulz.
La controversia en torno a LaGrange y AHS ha expuesto fracturas dentro del gobierno de Alberta, con figuras clave como Guthrie desafiando directamente el liderazgo de Smith en la gestión de la crisis.
Mientras tanto, el sector salud permanece en una situación de incertidumbre, con profesionales y ciudadanos exigiendo respuestas y garantías de que los fondos públicos están siendo utilizados de manera eficiente y ética.
Con la investigación en marcha y el escrutinio público en aumento, la administración de Smith enfrenta una prueba crucial que podría definir el futuro de la sanidad en Alberta y la credibilidad de su gobierno. La pregunta que queda es si las acciones tomadas serán suficientes para restaurar la confianza o si este escándalo desencadenará cambios aún más profundos en la dirección de la salud pública de la provincia.