Credito fotografico: Noticias CBC
Reunión crucial en Gatineau
El jueves 17 de julio de 2025, el primer ministro Mark Carney se reunió con cientos de líderes de las Primeras Naciones en el Museo Canadiense de Historia, en Gatineau, Quebec, para abordar las preocupaciones provocadas por la Ley C‑5, también conocida como Building Canada Act.
La cumbre, convocada tras la aprobación apresurada de la ley en el Parlamento en junio, fue diseñada como el primer paso de un proceso de “escucha y compromiso”, según explicó el propio Carney:
“Estoy aquí para escuchar, involucrarme y avanzar desde ahí”.
Tensiones y cuestionamientos previos
El encuentro se realiza en un contexto de fuertes críticas: líderes indígenas sostienen que la consulta hasta ahora ha sido insuficiente, y hay escepticismo sobre si esto constituye un proceso legítimo de consulta constitucional. Asimismo, Carney admitió que aún no se han definido proyectos específicos a acelerar bajo la nueva ley.
Participación institucional
Además del primer ministro, participaron ministros clave como Dominic LeBlanc (Asuntos Intergubernamentales), Tim Hodgson (Recursos Naturales) y Sean Fraser (Justicia), junto con otros representantes federales. La apertura incluyó palabras de Cindy Woodhouse Nepinak, Jefa principal de la Assembly of First Nations.
Temas en discusión
La cumbre abordó cuatro ejes principales:
- Consulta significativa en grandes proyectos de infraestructura.
- Creación de un Oficina de Proyectos Mayores y un Consejo Asesor Indígena.
- Participación económica y beneficios comunitarios.
- Colaboración estructurada en proyectos liderados por Primeras Naciones.
Aunque gubernamental, este marco no reemplaza la obligación constitucional de consulta, según críticos indígenas.
Próximos movimientos
Carney confirmó que se realizarán diálogos regionales y cumbres similares con líderes Inuit (prevista para el 27 de julio en Nunavut) y representantes Métis en las próximas semanas. Se prevé que este proceso se extienda durante todo el verano.
La cumbre del 17 de julio representa un paso inicial en la respuesta del Gobierno federal a la presión de las Primeras Naciones por una consulta genuina en la implementación de leyes que impactan sus territorios y derechos. Aún queda por definir si este proceso cumplirá con los estándares de la Cláusula 35 de la Constitución canadiense, que garantiza la consulta y participación indígena en decisiones que los afectan.