THE LATIN VOX (22 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Oumaima Chouay, una mujer canadiense de 29 años, ha sido condenada por un tribunal canadiense por brindar apoyo a un grupo terrorista como esposa, luego de huir de su hogar en Montreal en su adolescencia para unirse al Estado Islámico (ISIS) en Siria.
Con esta sentencia, se convierte en la primera persona en Canadá en ser condenada por este tipo de colaboración familiar con una entidad terrorista.
Su caso ha captado la atención internacional por lo que representa: la compleja reintegración y enjuiciamiento de ciudadanos occidentales que abandonaron sus países para unirse a grupos extremistas y luego fueron repatriados.
Una década marcada por el extremismo
Chouay dejó Canadá cuando era aún una adolescente, convencida de que su rol dentro del Estado Islámico sería convertirse en la esposa de un combatiente y criar a sus hijos bajo la doctrina del califato.
No participó directamente en actividades terroristas ni en combate, según documentos judiciales, pero su decisión de unirse voluntariamente a ISIS marcó su vida —y la de sus hijas— para siempre.
Estas dos niñas, nacidas en Siria, hoy tienen siete y nueve años. Volvieron junto a su madre a Canadá en 2022, como parte de una operación de repatriación liderada por Asuntos Globales.
Su regreso fue inmediato objeto de vigilancia: la Gendarmería Real de Canadá (RCMP) arrestó a Chouay en cuanto pisó suelo canadiense.
Una condena simbólica, una justicia introspectiva
Ayer, un tribunal canadiense dictó sentencia: un día de custodia adicional (que se suma a los 110 días que ya pasó en detención preventiva) y tres años de libertad condicional.
La pena fue resultado de un acuerdo conjunto entre la fiscalía y la defensa, que reconocieron los esfuerzos de Chouay por rehabilitarse y renunciar a toda ideología extremista.
«La sentencia refleja los pasos que la Sra. Chouay ha tomado para demostrar remordimiento, asumir responsabilidad y comprometerse con un cambio fundamental», dijo George Dolhai, director del Servicio de Fiscalía Pública de Canadá.
Desde su regreso, Chouay ha pasado por un proceso de terapia de desradicalización y fue evaluada con un riesgo de reincidencia «muy bajo». Las autoridades la consideran no peligrosa para la sociedad canadiense.
¿Justicia o redención?
El caso de Chouay es también el reflejo de una política internacional cada vez más tensa: ¿deben los países occidentales repatriar a sus ciudadanos radicalizados, o dejarlos enfrentar las consecuencias en zonas de conflicto?
Lawrence Greenspon, un abogado defensor en Ottawa que encabezó la campaña para repatriar a mujeres y niños canadienses atrapados en campos de detención en Siria, sostiene que la justicia debe ser hecha en casa, no en el exilio.
«Al menos no está muriendo en un campo de detención en Siria», dijo. «Ha enfrentado la justicia aquí en Canadá, como debe ser».
Greenspon recuerda especialmente el caso de Amira, una huérfana canadiense que fue la primera en ser traída de vuelta tras una batalla legal. «Fue la primera grieta en el muro», dice. A partir de ahí, otros jueces federales ordenaron la repatriación de mujeres como Chouay.
Una sentencia que abre debate
Mientras que la mayoría de las mujeres repatriadas no han sido acusadas por falta de pruebas, el caso de Chouay marca un precedente legal: una condena que no solo castiga el pasado, sino que también busca moldear el futuro de la política antiterrorista canadiense.
Muchos se preguntan si su castigo fue suficiente, otros lo ven como un paso hacia una justicia más humana. Lo cierto es que la historia de Oumaima Chouay invita a repensar cómo las democracias deben responder al extremismo cuando proviene de sus propios ciudadanos.
Por ahora, ella vive en libertad condicional con sus hijas en Canadá, alejada de las sombras del califato, pero bajo la mirada de una sociedad que aún no olvida lo que eligió hacer una década atrás.
Una decisión adolescente. Una guerra extranjera. Una madre, dos hijas y una segunda oportunidad.
La historia de Oumaima Chouay no es solo la de un juicio, sino la de un país que decide qué hacer con los errores de su gente.
Crédito fotográfico: CityNews Montreal