La cláusula de no obstante permite a los gobiernos anular derechos fundamentales establecidos en la Carta de Derechos y Libertades. Sin embargo, su uso ha generado un nuevo debate sobre su lugar en la legislación constitucional. El gobierno de Legault ha optado por llamarla la “cláusula de soberanía parlamentaria”, una redefinición que algunos expertos consideran problemática.
La ley Bill 21 prohíbe que maestros, policías, guardias de prisiones y jueces usen símbolos religiosos en el trabajo. La Corte de Apelaciones ratificó casi todos los aspectos de la ley, excepto una disposición que prohibía a los miembros de la Asamblea Nacional de la provincia usar cubiertas faciales. La decisión se basó en criterios legales establecidos previamente por la Corte Suprema de Canadá en 1988.
El debate sobre la cláusula de no obstante y su aplicación en el contexto de la ley Bill 21 sigue siendo un tema candente en Quebec. La decisión de la Corte de Apelaciones ha reavivado las discusiones sobre los límites de los derechos fundamentales y la autoridad de los funcionarios electos para determinarlos.