La directora ejecutiva de Save the Children Canadá, Bill Chambers, ha criticado el recorte de la ayuda al desarrollo anunciado por el gobierno canadiense, y ha dicho que afectará negativamente a los programas que apoyan los derechos de la infancia en el mundo. Chambers ha afirmado que Canadá debería ser un líder global en la defensa de los niños y las niñas, especialmente en los países afectados por conflictos, crisis humanitarias y cambio climático.
El gobierno canadiense anunció el pasado viernes que reducirá su presupuesto de ayuda al desarrollo en un 7,9% para el año fiscal 2021-2022, lo que supone una disminución de 375 millones de dólares canadienses (unos 295 millones de dólares estadounidenses). El ministro de Finanzas, Chrystia Freeland, dijo que la medida se debe a la caída del producto interior bruto (PIB) del país debido a la pandemia de COVID-19, y que se trata de un ajuste temporal que se revertirá cuando la economía se recupere.
Sin embargo, Chambers ha cuestionado la lógica del recorte, y ha señalado que otros países como Reino Unido y Estados Unidos han aumentado su ayuda al desarrollo pese a la crisis económica. Según Chambers, el recorte de Canadá supone un retroceso en su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y pone en riesgo los avances logrados en materia de educación, salud, nutrición y protección de la infancia.
Chambers ha puesto como ejemplo el caso de Afganistán, donde Save the Children opera desde hace más de 40 años y donde la situación de los niños y las niñas se ha deteriorado tras la toma del poder por parte de los talibanes. Chambers ha dicho que el recorte de la ayuda podría afectar a los programas que brindan educación, atención médica y apoyo psicosocial a los niños y las niñas afganos, que ya sufren las consecuencias de la violencia, el desplazamiento y la pobreza.
Chambers ha instado al gobierno canadiense a reconsiderar su decisión y a aumentar su ayuda al desarrollo al 0,7% del PIB, tal como recomienda la ONU. Asimismo, ha pedido al gobierno que priorice los derechos de la infancia en su política exterior y que trabaje con otros países para garantizar una respuesta humanitaria efectiva y coordinada en las zonas más vulnerables del mundo.