El gobierno de Ontario se enfrenta a una demanda colectiva que busca $200 millones en daños y perjuicios por la terminación anticipada de un proyecto piloto de ingreso básico en tres ciudades de la provincia. El 4 de marzo, la Corte Superior de Justicia de Ontario certificó la demanda, presentada por Cavalluzzo LLP en nombre de 4,000 miembros propuestos de la clase.
El proyecto piloto de ingreso básico, lanzado en 2017, tenía como objetivo evaluar si el gobierno debería considerar introducir un ingreso fijo para personas con bajos ingresos en Hamilton, Lindsay y Thunder Bay. Los participantes del programa, que completaron encuestas regulares y proporcionaron información personal a los investigadores, recibieron casi $17,000 al año para individuos y poco más de $24,000 para parejas. Sin embargo, tras un cambio de gobierno y una elección, la provincia anunció abruptamente la terminación del piloto, con la última fecha de pago establecida para el 25 de marzo de 2019.
En ese momento, el gobierno argumentó que el programa no ayudaba a las personas a contribuir a la economía y que desalentaba su reincorporación al mercado laboral. Los demandantes sostienen que la cancelación del programa equivale a un incumplimiento de contrato y que la provincia estaba motivada por un “enriquecimiento injusto”. Los documentos judiciales describen el impacto “devastador” de la cancelación para los solicitantes, afectando su futuro y salud.
El gobierno de Ontario no ha comentado sobre la acción legal ya que se encuentra en el período de apelación, considerándolo “inapropiado” hacerlo. Sin embargo, en los archivos judiciales, la provincia argumentó que una acción colectiva no sería justa, eficiente ni manejable, una presentación que fue rechazada por el juez Stephen T. Bale.