El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes 11 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, tras arribar desde Hong Kong. La detención se produjo en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad relacionados con su polémica «guerra contra las drogas» llevada a cabo durante su mandato entre 2016 y 2022.
Durante su administración, Duterte implementó una agresiva campaña antidrogas que, según cifras oficiales, resultó en la muerte de más de 6,000 personas en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos elevan esta cifra a más de 12,000, denunciando violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales.
La CPI inició una investigación en 2021, enfocándose en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos en el marco de la campaña antidrogas. A pesar de que Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, la CPI sostuvo su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era miembro.
La detención de Duterte ha generado diversas reacciones en el ámbito político filipino. Su hija, la actual vicepresidenta Sara Duterte, calificó el arresto como una «persecución política» y expresó su preocupación por la estabilidad del país. Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran la detención como un paso crucial hacia la justicia para las víctimas de la campaña antidrogas.
El actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., enfrenta ahora el desafío de manejar las implicaciones políticas y diplomáticas de la detención de su predecesor. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos, atentos a las repercusiones que este hecho pueda tener en la política interna de Filipinas y en sus relaciones exteriores.
La CPI ha solicitado la pronta extradición de Duterte a La Haya para enfrentar los cargos en su contra. Mientras tanto, sus abogados han anunciado que impugnarán la legalidad de la detención, argumentando que Filipinas ya no es miembro de la CPI y, por lo tanto, el tribunal no tiene jurisdicción sobre el exmandatario.
Este acontecimiento marca un hito en la historia reciente de Filipinas y plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos en casos de violaciones de derechos humanos.