THE LATIN VOX (1 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Ecuador atraviesa un momento de profunda conmoción y preocupación tras la confirmación oficial de que los cuerpos incinerados encontrados en la región de Taura el día de Nochebuena corresponden a los cuatro niños que habían desaparecido el pasado 8 de diciembre, en un caso que pone a prueba la política de seguridad del presidente Daniel Noboa y cuestiona la actuación de las fuerzas militares.
Los cuatro niños, conocidos como los “Niños de Guayaquil”, eran residentes de Las Malvinas, una de las zonas más empobrecidas de la ciudad más grande del país. Las víctimas, todas de raza negra y con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años, habían estado jugando un partido de fútbol cuando fueron detenidos por 16 efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La noticia de su desaparición, ocurrida hace casi un mes, había conmocionado a la nación.
El 8 de diciembre, tras su arresto, los niños fueron liberados en una zona rural a 42 kilómetros de Guayaquil, en lo que parece haber sido un acto de desorientación intencional. Desde esa noche, la familia y la comunidad no supieron más de su paradero, hasta que los cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre. Tras realizarse pruebas de ADN, la Fiscalía General del Estado confirmó que los cuerpos correspondían a los adolescentes desaparecidos.
Este trágico hallazgo marca un nuevo giro en la investigación, que ya estaba siendo vista como uno de los mayores desafíos a la política de seguridad de Noboa, quien había declarado un estado de “conflicto armado interno” en enero de 2024, con el Ejército en el centro de sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la violencia. Las familias de los niños y activistas exigen respuestas claras sobre la implicación de los militares en este caso.
El 30 de diciembre, un tribunal en Guayaquil ordenó la detención de los 16 militares involucrados en el operativo, quienes ahora enfrentan acusaciones por «desaparición forzada», un delito penado con penas de entre 22 y 26 años de prisión. Esta medida generó una creciente presión pública, y más de 200 personas se concentraron frente al tribunal en una manifestación pacífica exigiendo justicia, con pancartas que llevaban las fotos de los niños y lemas como “¿Dónde están los niños?” y “¡Los tomaron vivos, los queremos vivos!”.
Aunque inicialmente el Ministerio de Defensa negó cualquier participación en el arresto, más tarde admitió que la Fuerza Aérea había detenido a los menores. Sin embargo, alegaron que los adolescentes estaban involucrados en el robo a una mujer, acusación que no ha sido respaldada por pruebas concretas, según los fiscales que investigan el caso. Este hecho ha avivado las dudas sobre la transparencia y la legalidad de las acciones de las fuerzas de seguridad.
La tragedia ha generado una creciente indignación en las comunidades más vulnerables de Guayaquil, donde la violencia y la desconfianza hacia el estado se han incrementado en los últimos meses. Arturo Ramírez Morán, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, advirtió que el sentimiento de impotencia podría desembocar en un aumento de la violencia: “En un ambiente marcado por la rabia, la violencia contra el Estado puede estallar en cualquier momento”.
La confirmación de los fallecimientos de los niños, que no solo reflejan una grave violación de derechos humanos, sino también la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos ante la militarización del país, ha reavivado las protestas en Ecuador. Muchos consideran que este caso podría ser el catalizador para un cuestionamiento más amplio de las políticas de seguridad del gobierno.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación para determinar la responsabilidad de los militares en las muertes. La situación podría empeorar si se confirma que los niños fueron víctimas no solo de la violencia estatal, sino también de organizaciones criminales, como sugirió inicialmente el Ministerio de Defensa.
La muerte de los «Niños de Guayaquil» no solo es una tragedia personal para las familias afectadas, sino también un duro golpe para las autoridades de Ecuador, que deben enfrentar la creciente presión social y política por garantizar que se haga justicia en este caso, el cual amenaza con intensificar aún más el clima de tensión y desconfianza en el país.
Crédito fotográfico: Yahoo News/ Reuters