THE LATIN VOX (3 de diciembre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un movimiento legal sorpresivo, los abogados de Donald Trump han solicitado formalmente la desestimación de su caso penal en Manhattan relacionado con el pago de dinero silenciado a una actriz de cine para adultos durante las elecciones presidenciales de 2016. Esta solicitud llega después de la decisión del juez Juan Merchan, quien el 22 de noviembre optó por posponer indefinidamente la sentencia de Trump, abriendo un nuevo capítulo en la batalla legal del presidente electo.
La solicitud de desestimación se produce en un momento crucial, justo después de la victoria de Trump en las recientes elecciones presidenciales, un resultado que ha motivado a sus abogados a insistir una vez más en que el caso debe ser desestimado. Según los abogados del expresidente, continuar con el juicio representaría un obstáculo para una transición ordenada del poder ejecutivo, lo que justifica la anulación del caso.
Un caso político y legalmente controvertido
El caso de Manhattan involucra un pago de $130,000 hecho a Stormy Daniels, una actriz que afirma haber tenido una relación extramarital con Trump en 2006. La acusación sostiene que el pago fue realizado para evitar que la actriz hablara durante la campaña presidencial de 2016, un acto que se considera una violación de las leyes de financiación de campañas. Sin embargo, los abogados de Trump han insistido en que la acusación carece de fundamento y es, en sus palabras, «políticamente motivada».
En su solicitud de desestimación, los abogados de Trump, encabezados por Todd Blanche, su principal defensor, argumentaron que el caso debe ser desechado para facilitar la transición del poder tras su regreso a la Casa Blanca. Además, hicieron referencia a una política del Departamento de Justicia de EE.UU. que impide procesar a un presidente en funciones, lo que, según ellos, debería aplicarse también a un presidente electo.
«Así como un presidente en funciones está completamente exento de cualquier proceso criminal, también lo está el presidente Trump como presidente electo», argumentaron en sus documentos legales. Esta postura se apoya en el principio constitucional de inmunidad presidencial, aludiendo a la imposibilidad de que un presidente enfrente cargos criminales mientras esté en el cargo, una política que, según los abogados, también debería extenderse a la fase de transición entre elecciones.
Desafío legal y respuesta de la Fiscalía
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha sido firme en su postura de que el caso debe continuar, señalando que la desestimación del mismo no sería apropiada. Según las autoridades locales, los cargos contra Trump son sólidos y merecen una resolución judicial, independientemente de su estatus como presidente electo.
En una reciente presentación ante el tribunal, los fiscales de Manhattan sugirieron una solución alternativa que implicaría posponer todos los procedimientos criminales hasta después de que termine el mandato presidencial de Trump, con el fin de evitar que el juicio interfiera con las funciones del presidente. Sin embargo, esta opción no ha convencido a los abogados de Trump, quienes insisten en que el caso debe ser desestimado por completo, citando lo que consideran una «fatal falacia política» en las acusaciones.
El Departamento de Justicia y la política de inmunidad presidencial
La controversia no se limita a los tribunales estatales de Nueva York. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también ha sido una parte clave en este debate, especialmente en los casos federales que involucran a Trump. En un movimiento paralelo, los fiscales especiales que investigan los casos federales contra Trump presentaron el 25 de noviembre una solicitud similar de desestimación, citando una política de inmunidad presidencial que históricamente ha protegido a los presidentes de ser procesados mientras están en funciones.
Molly Gaston, la principal adjunta del fiscal especial Jack Smith, expresó en la presentación que «la Constitución de los Estados Unidos prohíbe de manera categórica la acusación y el posterior enjuiciamiento de un presidente en funciones», independientemente de la gravedad de los cargos o la fortaleza de las pruebas presentadas. Esta postura refuerza el argumento de los abogados de Trump de que, como presidente electo, también debería ser protegido bajo esta inmunidad.
Impacto político y económico en la nación
Este conflicto legal no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas y económicas. La incertidumbre generada por el caso de dinero silenciado ya está teniendo un impacto visible en los mercados. Tras la solicitud de desestimación, el valor del dólar estadounidense experimentó fluctuaciones, reflejando la preocupación de los inversionistas sobre cómo los casos legales de Trump podrían afectar la economía bajo su regreso a la presidencia.
Además, la controversia en torno al caso sigue avivando la polarización política en Estados Unidos, con sus detractores y seguidores en una lucha constante por el control de la narrativa. Mientras tanto, el presidente electo se prepara para asumir el cargo en enero de 2025, con este escándalo como un telón de fondo que podría seguir marcando su mandato desde el primer día.
Un futuro judicial incierto
Con la fecha límite del 2 de diciembre para presentar los argumentos de desestimación, este caso podría estar a punto de entrar en una nueva fase. La decisión final del juez Juan Merchan tendrá un impacto duradero no solo en la carrera política de Trump, sino también en el futuro de la justicia estadounidense y su relación con el poder presidencial.
El país se encuentra, una vez más, en un punto de inflexión, donde el balance entre la ley, la política y el poder ejecutivo podría determinar el rumbo de la presidencia de Trump, con implicaciones significativas tanto a nivel nacional como internacional.
Crédito fotográfico: Jeenah Moon/Pool/AFP via Getty Images