THE LATIN VOX (30 de junio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En una maniobra que ha generado alarma entre defensores de los derechos civiles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha emitido una nueva directiva que establece un marco para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que hayan cometido ciertos delitos, incluso de carácter civil.
El memorando, publicado el 11 de junio, instruye a los abogados del gobierno a dar prioridad a los procesos de desnacionalización cuando se considere que un ciudadano obtuvo su naturalización de manera ilegal o a través de «ocultación de un hecho material o por tergiversación intencionada».
Lo más controvertido es que esta medida permite iniciar procedimientos civiles, no penales, lo cual implica que los acusados no tienen derecho a un abogado asignado por el Estado y que el gobierno enfrenta una carga de prueba menor que en un juicio penal.
Objetivo: 25 millones de ciudadanos naturalizados
Según datos de 2023, aproximadamente 25 millones de ciudadanos estadounidenses nacieron en el extranjero y se naturalizaron. Son estos individuos los que ahora podrían estar en la mira de esta política, que incluye 10 categorías prioritarias para la desnacionalización. Estas abarcan desde personas involucradas en crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos hasta miembros de pandillas o individuos con antecedentes penales considerados una amenaza continua para el país.
Sin embargo, los criterios también incluyen casos menos graves, como fraudes financieros, médicos o mentiras en formularios de inmigración. Incluso se podrán iniciar procesos si hay cargos criminales pendientes, aunque aún no se haya determinado culpabilidad.
Una división de derechos civiles redirigida
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia –históricamente dedicada a combatir la discriminación racial desde el movimiento por los derechos civiles– ha sido colocada en el centro de esta nueva orientación política. Entre sus tareas actuales se encuentra también el desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en instituciones públicas, así como el intento de eliminar tratamientos médicos para personas transgénero.
El giro radical ha tenido un costo institucional: alrededor del 70% de los abogados de la división han renunciado entre enero y mayo de este año, según un informe de NPR. Esta fuga masiva de talento refleja el descontento interno frente al nuevo enfoque de la división.
Tensión en el ámbito académico y migratorio
El impacto de estas políticas se siente también en otros frentes. El pasado viernes, el presidente de la Universidad de Virginia, Jim Ryan, renunció en medio de una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre los programas DEI de la institución y su uso de criterios étnicos en becas y admisiones.
Paralelamente, la división de derechos civiles demandó a 15 fiscales federales en Maryland por una orden judicial que bloqueaba la deportación inmediata de migrantes en procesos de apelación. Este movimiento fue considerado inusual y evidencia el creciente uso del aparato judicial como herramienta para aplicar directivas migratorias más agresivas.
Mientras tanto, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó recientemente su 13ª muerte bajo custodia en lo que va del año fiscal (desde octubre de 2024), superando ya el total del año anterior. Estas cifras reflejan las duras condiciones de detención que enfrentan muchos inmigrantes.
Críticas desde la sociedad civil
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el carácter retroactivo y ambiguo de estas medidas. “Esta política sienta un precedente peligroso: un estadounidense naturalizado ahora puede perder su ciudadanía sin juicio penal, sin defensa legal garantizada y por cargos que en muchos casos son administrativos o menores”, declaró un portavoz de Human Rights Watch.
El memorando es percibido como un paso más en la consolidación de una política de inmigración punitiva, que no solo busca frenar el ingreso de nuevos migrantes, sino también redefinir quién merece seguir siendo ciudadano estadounidense.
Crédito fotográfico: Getty Images.