THE LATIN VOX (7 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La reciente incursión de Elon Musk en el gobierno federal de Estados Unidos ha encendido alarmas en el Congreso, especialmente entre los demócratas, quienes consideran que la situación podría constituir una «emergencia constitucional».
En una carta exclusiva obtenida por el diario inglés The Guardian, Robert C. «Bobby» Scott, líder demócrata del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, solicitó una investigación imparcial sobre el acceso de Musk y su equipo, que lideran el denominado «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), a datos sensibles dentro de agencias federales clave.
Scott criticó lo que describió como un «vacío de supervisión», a medida que el equipo de Musk ha logrado acceso a los sistemas informáticos de diversas agencias gubernamentales, incluidas el Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
A través de su carta, el congresista demócrata exigió que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), una agencia independiente y no partidista, lance una investigación urgente sobre las «intervenciones» de Musk y su equipo, la legalidad de tales movimientos y sus posibles implicaciones para sectores vulnerables, como los niños y trabajadores de bajos recursos.
La preocupación de Scott es clara. El «vacío de supervisión» se agrava debido a la destitución de los Inspectores Generales de varias agencias por parte de la administración de Donald Trump. Esto ha dejado a Musk y su equipo con «poderes peligrosamente amplios», sin la debida supervisión sobre sus acciones, que incluyen la infiltración en sistemas informáticos privados que manejan información extremadamente sensible.
En la carta, Scott destaca los informes públicos que señalan la infiltración del Doge en el Departamento de Educación, lo que ha permitido el acceso a información confidencial sobre los beneficiarios de ayuda federal para estudiantes; en el Departamento de Trabajo, con datos sensibles sobre investigaciones laborales y denunciantes de irregularidades; y en los sistemas de pago del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que incluyen datos personales de salud y financieros de millones de estadounidenses.
A raíz de estos informes, los demócratas han intensificado sus llamados a la acción. El jueves pasado, el gobierno federal alcanzó un acuerdo con un juez para bloquear temporalmente el acceso de DOGE a los servidores del Departamento de Trabajo, a la espera de una decisión sobre una orden de restricción temporal. Sin embargo, Scott advirtió que se requiere una revisión inmediata del caso «dada la incertidumbre sobre cualquier resultado de los litigios».
Además, el congresista instó a la GAO a evaluar si la orden ejecutiva mediante la cual el presidente estableció formalmente el DOGE impuso «controles adecuados» sobre el acceso a información clasificada y si se cumplían las normas de protección de datos. «Por favor, utilicen toda la autoridad a su disposición para llevar a cabo esta revisión y completarla lo más rápido posible», solicitó Scott.
La magnitud del problema es clara: el acceso ilegal y sin control de datos sensibles del gobierno podría tener consecuencias devastadoras para la integridad de programas gubernamentales que dependen, entre otros, de la protección de los niños en las escuelas y de las familias trabajadoras que dependen de los servicios del gobierno para su sustento.
Ante este llamado de atención, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental confirmó haber recibido la carta, pero se negó a hacer más comentarios al respecto. La Casa Blanca también fue contactada, pero aún no ha emitido una respuesta pública.
Este episodio se suma a un creciente malestar entre los legisladores estadounidenses sobre la creciente influencia de Musk en diversas áreas del gobierno, lo que ha generado temores sobre el posible abuso de poder y la falta de transparencia en el manejo de información sensible.
En este contexto, la demanda de una investigación se ha convertido en un punto de tensión crucial en la relación entre el gobierno y las grandes corporaciones tecnológicas, particularmente aquellas que, como Tesla y SpaceX, están lideradas por uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo.
Crédito fotográfico: Derek White