THE LATIN VOX (24 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos examinará un caso clave sobre la reconfiguración de distritos electorales en Luisiana, un litigio que podría tener profundas implicaciones sobre los derechos de voto en el país y el alcance de la Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés).
El caso, Louisiana v Callais, podría ser el escenario para que la Corte limite aún más la capacidad de los legisladores para trazar distritos electorales que respeten el principio de no discriminación racial, lo que podría alterar de manera significativa el equilibrio de poder en las elecciones de Estados Unidos.
El litigio tiene sus raíces en los esfuerzos de Luisiana, tras el censo de 2020, para redibujar sus distritos congresionales. Después de la redistribución, que dejó intactos cinco distritos mayoritariamente blancos, el estado solo creó un distrito congresional mayoritariamente negro, a pesar de que aproximadamente un tercio de la población estatal es de origen afroamericano.
Este acto llevó a un grupo de votantes negros a demandar al estado en 2022, argumentando que la ley federal exigía un segundo distrito congresional con mayoría negra, lo que los legisladores no habían considerado.
Un conflicto sobre la soberanía racial y política
Un juez federal falló a favor de los votantes negros, ordenando al estado que modificara el mapa electoral para incluir un segundo distrito mayoritariamente negro.
Sin embargo, la situación se complicó cuando un grupo de votantes no afroamericanos impugnó el nuevo mapa, alegando que este violaba la Constitución al clasificar a los votantes según su raza.
Argumentaron que el nuevo distrito, con una forma extremadamente irregular que se extiende por 250 millas de norte a sur del estado, era un claro ejemplo de «gerrymandering racial», o manipulación de distritos con fines raciales, un acto prohibido por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU.
Los opositores al nuevo mapa sostienen que, aunque el estado intentaba cumplir con las exigencias de la Ley de Derechos Electorales, la creación de un distrito tan irregular en forma no fue necesaria y tenía un fuerte componente político.
Según ellos, los legisladores de Luisiana, en lugar de priorizar la representación justa de la población negra, usaron el rediseño para asegurar escaños republicanos, protegiendo a figuras como Mike Johnson y Steve Scalise.
Por otro lado, los defensores del mapa argumentan que el estado se encontraba en una situación complicada, intentando cumplir con la Ley de Derechos Electorales mientras, al mismo tiempo, lidiaba con las restricciones constitucionales que prohíben la discriminación racial en los distritos.
Según los abogados de Luisiana, independientemente de lo que hicieran, el estado sería demandado por alguna de las partes involucradas.
¿Un nuevo golpe a la Ley de Derechos Electorales?
El caso ante la Corte Suprema de EE. UU. es solo el más reciente de una serie de litigios sobre la relación entre raza y reconfiguración de distritos. En los últimos años, la Corte ha emitido fallos que han limitado el alcance de la Ley de Derechos Electorales, en particular, reduciendo las posibilidades de que los votantes puedan impugnar distritos electorales que resulten en discriminación racial.
Este caso podría marcar un nuevo retroceso para los derechos de voto de las comunidades afroamericanas, ya que una decisión a favor de los opositores del mapa podría crear un precedente que haga más difícil la defensa de distritos que cumplen con la ley y protegen los intereses de las minorías.
Si la Corte favorece a los demandantes que cuestionan el nuevo mapa de Luisiana, esto podría abrir la puerta a una serie de nuevos desafíos legales, debilitando aún más la capacidad de los estados para crear distritos electorales que promuevan una representación equitativa.
Un riesgo para la representación política de las minorías
El experto en reconfiguración de distritos, Michael Li, advirtió que un fallo en contra de la Ley de Derechos Electorales podría incentivar a los legisladores a manipular más agresivamente los distritos electorales, empacando a los votantes de minorías en distritos que los segreguen, o incluso dividiendo comunidades enteras de manera que favorezca a ciertos partidos políticos, todo ello bajo la justificación de objetivos políticos legítimos.
“Lo que estamos viendo es un cambio hacia el uso de la política como pretexto para justificar la manipulación racial de los distritos”, explicó Li. “Si las cortes no examinan de cerca si realmente se trata de una motivación política o de algo más, podríamos ver una expansión del gerrymandering racial disfrazado de estrategia política”.
El futuro de la Ley de Derechos Electorales
El futuro de la Ley de Derechos Electorales está en juego. La ley, que fue diseñada para proteger el derecho al voto de las minorías, podría sufrir un revés significativo si la Corte Suprema respalda las argumentaciones de los opositores del mapa electoral de Luisiana.
A pesar de que la ley aún tiene un impacto importante, los fallos recientes sugieren que la Corte está cada vez más dispuesta a permitir que la política y la raza se entrelacen de maneras que debiliten las protecciones federales para los votantes.
Este caso no solo tiene implicaciones para Luisiana, sino que podría sentar un precedente para todo el país, cambiando la manera en que los distritos electorales son trazados y afectando la representación política de millones de estadounidenses. Los ojos están ahora puestos en la Corte Suprema, cuyo fallo podría definir el rumbo de los derechos electorales en Estados Unidos por muchos años.
Un momento decisivo
La decisión que tome la Corte Suprema podría determinar no solo cómo se dibujan los distritos en Luisiana, sino también cómo se gestiona la representación política en todo el país.
En un momento en que el debate sobre la igualdad racial y la justicia social sigue siendo central en la política estadounidense, este caso representa una prueba crítica para la integridad de la Ley de Derechos Electorales y la capacidad de las comunidades minoritarias para garantizar su participación plena en el proceso democrático.
Crédito fotográfico: Tripadvisor