THE LATIN VOX (14 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En una decisión que sacude los cimientos del sistema educativo federal, la Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a reanudar su ambicioso plan de desmantelar el Departamento de Educación, revirtiendo una orden judicial previa que había reinstalado a casi 1.400 trabajadores despedidos.
Con esta decisión, emitida en una escueta orden sin firmar, el máximo tribunal da otro espaldarazo al expresidente en su campaña por reducir el tamaño del gobierno federal y transferir más control a los estados en materia educativa. Los tres jueces liberales disintieron, mientras que la mayoría conservadora permitió que la administración Trump continúe transfiriendo funciones clave del departamento a otras agencias.
Un golpe a décadas de política educativa federal
Creado en 1979, el Departamento de Educación ha sido responsable de funciones esenciales como la administración de préstamos estudiantiles, la distribución de fondos a escuelas con menos recursos, la supervisión del cumplimiento de derechos civiles en instituciones educativas y la recopilación de datos sobre el rendimiento académico. Aunque la ley prohíbe que este departamento controle directamente los programas escolares o la contratación de docentes, su papel como coordinador federal ha sido clave para sostener la equidad en el sistema.
La reestructuración anunciada por Trump en marzo incluye el traspaso del portafolio federal de préstamos estudiantiles, valorado en 1.6 billones de dólares, a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), y el traslado de servicios de educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Según Trump, funciones “esenciales” como las becas Pell y el apoyo a estudiantes con discapacidades serán preservadas, aunque gestionadas por otras agencias.
Una disputa legal en evolución
La decisión de la Corte Suprema no pone fin a la disputa judicial. Una demanda encabezada por 21 fiscales generales demócratas, sindicatos y distritos escolares continúa su curso en tribunales inferiores.
En mayo, el juez federal Myong Joun, designado por el expresidente Joe Biden, dictaminó que los despidos masivos “probablemente paralizarían al departamento”, y ordenó la reincorporación del personal afectado.
Los demandantes sostienen que el plan de Trump podría retrasar la entrega de ayuda federal a las escuelas más necesitadas y poner en peligro programas destinados a combatir la discriminación y garantizar el acceso a la educación superior.
Además, argumentan que eliminar oficinas clave y transferir programas sin una transición adecuada debilita la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones legales.
La administración Trump, por su parte, acusó al juez Joun de extralimitarse en sus funciones y de interferir con prerrogativas ejecutivas legítimas.
Una apuesta ideológica
Para los críticos republicanos del Departamento de Educación, la institución representa un símbolo de la burocracia innecesaria en Washington. Desde su primera campaña, Trump prometió devolver la educación “a los estados, donde pertenece”, y su actual ofensiva responde directamente a esa visión.
Sin embargo, expertos en políticas públicas advierten que el vacío que dejaría la eliminación del departamento podría fragmentar aún más un sistema educativo ya desigual, especialmente en distritos con bajos recursos que dependen en gran medida del financiamiento federal.
La batalla ahora se traslada a los tribunales inferiores y, potencialmente, al Congreso, ya que el cierre formal del Departamento de Educación requeriría una ley aprobada por ambas cámaras.
Conclusión
El fallo de la Corte Suprema abre una nueva etapa en la disputa por el futuro de la educación pública en Estados Unidos. Lo que está en juego no es solo la existencia de un departamento, sino el modelo de país que se quiere construir: uno con un gobierno federal que garantice derechos educativos mínimos para todos, o uno donde las oportunidades dependan, aún más, del código postal del estudiante.
En medio de una campaña presidencial en marcha y una nación cada vez más polarizada, el debate sobre quién debe tener el control de la educación promete intensificarse.
Crédito fotográfico: USA Today