THE LATIN VOX (20 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Organizaciones de defensa de inmigrantes en Estados Unidos se preparan para una nueva ofensiva del gobierno federal, después de que el presidente Donald Trump y sus asesores más cercanos intensificaron amenazas contra grupos sin fines de lucro que consideran afines a la política “izquierdista”.
La retórica, que desde hace años ha colocado en la mira a organizaciones que ofrecen alimentos, agua o asistencia legal a migrantes, se ha agudizado en los días posteriores al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.
Voceros de la Casa Blanca, entre ellos el senador JD Vance y el asesor Stephen Miller, han calificado a agrupaciones de derechos civiles como un “movimiento terrorista doméstico” y han prometido responsabilizarlas penalmente de supuestos ataques “coordinados” contra agentes de migración, sin presentar pruebas.
La amenaza se ha traducido en acciones concretas. En las últimas semanas, agentes federales han arrestado a legisladores, manifestantes y observadores que intentaban documentar condiciones en centros de detención de ICE.
En Nueva York, 71 personas –incluidos congresistas demócratas– fueron detenidas durante una protesta. Un día después, en Chicago, agentes con gases lacrimógenos y balas de pimienta dispersaron a un centenar de manifestantes, entre ellos dos candidatos al Congreso.
“Un ambiente de miedo”
Para Brandon Lee, director de comunicaciones de la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), las amenazas representan “otro intento de restringir la libertad de expresión y de organización, de intimidar a nuestra gente”.
Sin embargo, recalcó que sus equipos, que acompañan a familias afectadas por redadas y observan operativos de ICE, actúan dentro de la ley: “Nuestro papel no es intervenir, sino documentar”.
Otros activistas advierten que el clima es cada vez más hostil. Armando Gudiño, director de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, señaló que el nivel de agresividad de ICE y otras agencias “quizás no se había visto antes”. A su juicio, el asesinato de Kirk “solo va a intensificar la presión contra inmigrantes y defensores”.
Continuar pese a la intimidación
Pese a los riesgos, la mayoría de las organizaciones insiste en que no cederá. “Seguiremos sirviendo, seguiremos acompañando y haremos lo mejor que podamos bajo estas circunstancias”, afirmó Melissa L. Marantes, directora del Orlando Center for Justice.
En Texas, el abogado Dustin Rynders, del Texas Civil Rights Project, aseguró que los movimientos sociales de base son más resistentes de lo que la administración espera: “Somos luchadores”.
Para otros, la situación resulta un déjà vu. Project South, con sede en Atlanta, que ya había sido vigilada por ICE en 2017, afirma estar preparada. “En lugar de escondernos, continuaremos organizando a nuestras comunidades y protegiéndonos mutuamente”, dijo su directora legal, Azadeh Shahshahani.
Mientras el gobierno federal insiste en ampliar la definición de “amenazas” –que ahora incluye filmar operativos migratorios–, defensores de inmigrantes recuerdan que la primera enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión y el derecho a documentar la actuación de las autoridades.
Lo que está en juego, señalan, no es solo la defensa de los migrantes, sino también la salud de las libertades civiles en Estados Unidos.
Crédito fotográfico: Getty Images