THE LATIN VOX (4 de septiembre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
En un giro decisivo para el futuro del derecho al voto en Estados Unidos, el Partido Demócrata logró frenar un intento del Departamento de Justicia (DOJ) de restringir el acceso a las urnas para casi 98.000 votantes en Carolina del Norte.
A través de una negociación estratégica, los demócratas alcanzaron un acuerdo que permitirá a estos ciudadanos emitir su voto mediante boletas provisionales, proporcionando la información faltante directamente en el centro de votación.
El conflicto comenzó cuando el Departamento de Justicia, bajo la administración de Donald Trump, demandó a la Junta Electoral de Carolina del Norte a principios de este año. El DOJ exigía que se negara el voto a quienes no hubieran incluido su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social al registrarse, como lo establece la Ley «Help America Vote Act» (Ayuda a América a Votar).
La Corte de Apelaciones de Carolina del Norte ordenó entonces a la Junta que exigiera esa información antes de permitir votar en futuras elecciones. Con una mayoría republicana al mando, la Junta estaba preparada para acatar el mandato judicial. Sin embargo, la rápida intervención del Comité Nacional Demócrata (DNC) y grupos de derechos electorales cambió el rumbo del caso.
El DNC argumentó que las medidas impulsadas por el DOJ no solo violaban la Ley Nacional de Registro de Votantes, sino que también respondían a intereses partidistas. La solución llegó en forma de una orden de consentimiento propuesta: un acuerdo legal entre el Departamento de Justicia y el estado de Carolina del Norte que pone fin a la demanda, permitiendo que los votantes afectados presenten la información requerida al momento de emitir su voto provisional, solucionando así el problema en el mismo lugar de votación.
“Hoy, el DNC defendió con éxito los derechos de todos los habitantes de Carolina del Norte, punto final”, declaró Dan Freeman, director de litigios del Comité Nacional Demócrata. “Aunque aún queda trabajo por hacer para asegurar que se escuchen las voces de los votantes en elecciones estatales y locales, esto es una gran victoria para nuestra democracia”.
El acuerdo aún debe ser aprobado formalmente por el juez Richard E. Myers II, presidente del Tribunal de Distrito del Este de Carolina del Norte. No obstante, se percibe como un triunfo significativo en medio de crecientes tensiones políticas sobre el acceso al voto en Estados Unidos.
Este caso también pone en evidencia un cambio radical en la misión del Departamento de Justicia. Históricamente, la división de derechos civiles del DOJ ha sido defensora del Acta de Derechos Electorales y del acceso amplio a las urnas.
Pero bajo el liderazgo de Harmeet Dhillon, nombrada asistente del fiscal general en abril, esa tradición ha sido reemplazada por una agenda centrada en la prevención del fraude electoral y la persecución del voto por parte de no ciudadanos, prácticas cuya incidencia real es mínima según múltiples estudios.
Mientras el país se encamina hacia un nuevo ciclo electoral, este episodio en Carolina del Norte se suma a la lista de batallas clave en torno al derecho al sufragio en Estados Unidos. Por ahora, unos 98.000 votantes han recuperado su voz gracias a una victoria legal que podría tener eco nacional.
Crédito fotográfico: Public Policy Institute of California